Llamados de atención
Por Pablo Callejón🎙️📻
A Alberto Beto Cobos lo siguieron hasta matarlo. No solo querían robarle la moto, sino desprenderse de su cuerpo, su vida y su testimonio como sobreviviente. Lo alcanzaron hasta ejecutarlo. Beto era un laburante, un buen tipo. No estaba armado, no repelió los disparos, solo buscaba eludirlos. Tenía hijos que lo amaban, amigos que lloraron su muerte, vecinos que se preguntan cómo pudo ser posible. Lo único que le quitaron fue una moto que usaba para trabajar como cadete. Su familia pidió que los asesinos paguen por lo que hicieron. Aún en el dolor más intenso y agudo, no apelaron a reclamos de venganza ni recayeron en discursos exaltados de medios de comunicación, redes sociales y el oportunismo político que se desgarra las vestiduras por episodios en otros lugares y se silencia sobre lo que ocurre a la vuelta de la esquina. El asalto y homicidio del motoquero riocuartense reveló, una vez más, esa falsa dicotomía que suelen aparecer en los extremos ideológicos. El cerco entre la necesidad de hallar Justicia por lo ocurrido y al mismo tiempo, preguntarse sobre las razones sociales que promueven hechos delictivos cada vez más recurrentes y violentos.
El crimen de Morena, la niña que fue asaltada por motochorros cuando iba a la escuela en Lanús Oeste, conmocionó al país y derivó en una suspensión abrupta y anticipada de la campaña electoral hacia las PASO. El doloroso episodio reveló, además, la hegemonía mediática y cultural que convierte un hecho en Buenos Aires en un drama nacional. ¿Se hubiera tomado la misma medida si el homicidio hubiera ocurrido en La Rioja, Chaco o en Córdoba? Solo en Río Cuarto hubo 10 crímenes en apenas 6 meses. También aquí hay motochorros que sorprenden a víctimas inocentes y las golpean. Algunos dirigentes políticos que cancelaron hasta las entrevistas periodísticas como un gesto de acompañamiento al dolor de la familia de Morena, nada dijeron sobre la muerte de Cobos y la ola de asesinatos que desde hace años tiene como principales víctimas a jóvenes de barrios vulnerables riocuartenses. Como la vida, la muerte también parece someterse al status y el poder centralista que se busca cuestionar desde un discurso de reclamo federal.
El análisis sobre el rol de la Justicia y las “puertas giratorias” que facilitarían una rápida libertad para quienes cometen delitos, no logró excluir las advertencias sobre el impacto del consumo de drogas entre quienes delinquen y el enorme riesgo social que emerge de personas en la más extrema marginalidad dispuestas a todo cuando salen a robar una cartera o un celular. “En la totalidad de las condenas por hechos contra la propiedad o asaltos, hay una presencia de las adicciones”, admitió el juez de Cámara Emilio Andruet. Se trata de estupefacientes de mala calidad, combinado con otras sustancias, a veces psicofármacos, que promueven conductas descontroladas de los que salen a robar hasta en sus propios entornos. En las últimas semanas, sustrajeron elementos de dos iglesias, la médica de un dispensario dejó de atender por los reiterados hechos de inseguridad, robaron en una copita de leche que asiste a niños vulnerables, vandalizaron dos centros educativos y le apuntaron con un arma a una docente para quitarle su teléfono. Los hechos son apenas una muestra del derrumbe de acuerdos que parecían sagrados. El padre Raúl Frega aseguró que “se han roto todos los pactos sociales”. Las víctimas pueden ser el cura del barrio, la cocinera que prepara el mate cocido para los pibes de la cuadra o la maestra que abre con temor las puertas del centro educativo.
El fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, había señalado que “lo de la puerta giratoria es un relato” y calificó a Córdoba como la provincia más carcelera del país. A pesar de jactarse sobre los niveles de prisión preventiva, el funcionario sostuvo en declaraciones a La Voz que desde la Justicia “se actúa sobre las consecuencias del delito, no sobre las causas” y advirtió que “la inseguridad no termina el día en que la policía y los fiscales encierren a toda la gente en la cárcel”. La explicación tiene fundamentos objetivos: en Córdoba creció fuertemente el número de detenidos, se hacen inversiones millonarias para aumentar la disponibilidad en las cárceles y, sin embargo, no dejaron de crecer los hechos delictivos.
La decisión política y judicial de profundizar las prisiones preventivas y evitar la incorporación de tecnología que permitiría controlar la libertad condicionada de imputados, multiplicó la ocupación en las unidades penitenciarias provinciales. En Río Cuarto hay 856 internos alojados en la Cárcel. Del total, 409 están condenados y 443 permanecen procesados. Es decir, más de la mitad de los reclusos cumplen por anticipado la pena que ningún magistrado dictó en un juicio oral. Los delitos más usuales por los que son alojado, son la desobediencia o resistencia a la autoridad, amenazas, hurto y encubrimiento.
En el viejo edificio con más de 100 años de historia hay nueve pabellones y dos casas de pre egreso, en el que se albergan 12 internos en periodo de prueba. Se está construyendo, además, un décimo pabellón que incorporará unas 120 plazas. La demanda por más detenciones obligó a la Provincia a generar obras para sumar 600 lugares en cárceles de Córdoba. La mayoría se destinarán a Bouwer, el penal de máxima seguridad y el último en inaugurarse. Solo en 2023, las partidas presupuestarias para el Servicio Penitenciario serán de $31.398.719.000. Si el monto es dividido entre los 12.000 presos alojados en cárceles, la Provincia destina $ 220.000 por mes en cada recluso.
Más allá de la presuntuosa definición del fiscal Delgado sobre la provincia “más carcelera”, el incremento en el número de detenidos se fortaleció en todo el país. Según datos del CELS, desde 2008 hubo un acelerado crecimiento de la población privada de la libertad. El Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación reveló que, entre 2007 y 2020, la tasa de encarcelamiento nacional creció un 55%. En ese periodo, la población penitenciaria aumentó en 42.487 personas, lo que representa un alza del 81%.
La decisión discrecional de incentivar las prisiones preventivas, no redujo el delito. El mapa de investigación de delitos del Ministerio de Justicia de Córdoba mostró que el año pasado se produjeron en Río Cuarto 495 episodios de atentados y resistencia contra la autoridad, 411 ataques contra la salud pública, 373 hechos de lesiones, 333 amenazas, 287 robos, 173 hurtos y 132 violaciones de domicilios. A pesar de la sospecha social sobre un eventual crecimiento en el delito protagonizado por menores de edad, las cifras oficiales los desmienten. Las intervenciones de las áreas penal juvenil representan menos del 4 por ciento de las causas abiertas.
Entre las intervenciones con los hechos ya consumados y la degradación social por factores de pobreza, marginalidad, consumo y desigualdad, se evidencian las flaquezas de la formación policial y su estructura para confrontar con el delito. Muchas víctimas optan por no denunciar debido al reconocimiento que realizan desde la fuerza sobre su imposibilidad en la resolución de robos domiciliarios o en la vía pública. “Te miran con resignación y te sugieren poner más rejas, un alarma o cámaras. Ahí te das cuenta que no tienen esperanza de recuperar o descubrir nada”, admitió un vecino que decidió pedir presupuesto por un sistema monitoreado la segunda vez que le desvalijaron la vivienda que ocupa con su familia en Banda Norte.
Un informe elaborado por el bloque opositor de legisladores de Juntos por el Cambio, señaló que en 2021 aumentaron un 1022 por ciento las tentativas de robo con lesiones y muertes en la provincia. En total, contabilizaron ese año más de 77 mil delitos contra la propiedad y un fuerte incremento en los hurtos. Los parlamentarios advirtieron que el crecimiento del delito no fue acompañado por una mayor inversión en equipamiento y formación policial. La decisión oficial se revela en un estancamiento en el número de efectivos en toda la Provincia (poco más de 14 mil) y una escasez de unidades móviles. Solo en Río Cuarto, “se requieren 103 patrulleros y no hay más de 15”, advirtió el pre candidato a intendente radical Gonzalo Luján.
El sombrío escenario de la inseguridad incorporó la violencia urbana como una representación del impacto de la marginalidad, el consumo de drogas y la proliferación de armas ilegales. Las estadísticas públicas enumeran una decena de muertos, aunque son muchos más los que sobreviven milagrosamente a una puñalada o el disparo de arma de fuego que no alcanzó órganos vitales. Ese amenazante mecanismo que se diluye rápidamente de las portadas periodísticas y el discurso político, hasta que la muerte impacta en víctimas inocentes. El dramático desenlace de historias de sangre y dolor con demasiados llamadas de atención.
