Cuando las balas quedan marcadas

Por Pablo Callejón

“Pablo se vestía de policía y allanaba a los transas. Le marcaban las casas que tenía que robar y le daban los chalecos, yo tengo varios en mi casa”, relató Antonella Delgado, la pareja de Pablo Villarreal, poco antes de ser detenida mientras velaban el cuerpo del hombre de 34 años ultimado a balazos en cercanías de la Nueva Terminal. La versión oficial aseguró que “el Pecoso” Villarreal, su esposa y su cuñado fueron interceptados mientras forcejeban con una mujer para robarle el celular. “Los gritos de auxilio” de la víctima habrían alertado a un  policía de civil y una agente uniformada que dieron la voz de alto antes de enfrentar un cruce de disparos. Algunos testigos hablan de entre ocho y diez estruendos de armas de fuego.  El barra de los Leones cayó desplomado, mientras su cuñado corría tomándose la pierna que había sido atravesada por un balazo. Cuando la noche recuperó un tenso silencio, los vecinos observaron a Villarreal agonizando sobre los brazos de su mujer. El hermano de Antonella fue detenido poco después y los investigadores lograron el secuestro “el arma que portaba el asaltante”
“Tenían razón, Pablo era un poliladron como decían los diarios, pero no un rata.  Nunca robaba en el barrio, él respetaba su lugar. Era adicto pero estaba en recuperación. Ya pagó todo lo que tenía que pagar”, aseguró ante las cámaras de televisión la mujer con su hija en brazos. Hasta el mediodía del viernes, el fiscal Daniel Miralles no había librado aún la orden de allanamiento que derivó en un amplio operativo con varios móviles y decenas de agentes que cercaron la casa donde vivía Villarreal y su familia. Antonella admitió que “se acercó una mujer con un bebé y un nene”, con quien empezaron “a forcejear”, sin explicar los motivos. Según manifestó, su esposo y su hermano “estaban más adelante”, con el objetivo de llegar “a una pizzería donde se juntan los hinchas de Estudiantes”. La mujer insistió en que no hubo un intento de asalto como describió el parte oficial del Poder Judicial. A diferencia de otros hechos violentos por inseguridad, esta vez no hubo voceros policiales ni un testimonio público del fiscal. El informe de media carilla que llegó a las redacciones periodísticas doce horas después, impidió las repreguntas sobre las contradicciones entre el relato oficial y las expresiones de la familia del ladrón muerto.
Las sospechas sobre armados de causas y la intervención de asaltantes vestidos con uniformes policiales tienen una larga historia con varios capítulos intrigantes. El 22 de febrero del año pasado, Mariela Chavero denunció en la Justicia que recibió aprietes para declarar en contra de los integrantes de la denominada “banda de los chalecos”, detenidos por un atraco en un campo de la familia Ratarino, en Justiniano Posse. La testigo aseguró que el testimonio “fue armado por el comisario Fabian Bonacci”. “Les dije que yo no di los nombres de las personas que están detenidas ni sus direcciones, ni siquiera los conocía”, sostuvo Chavero. Sus presuntas afirmaciones habría llevado la firma de un sumariantes que “ni siquiera estaba” el día en que declaró.  La mujer sostuvo que debían investigar esta testimonial tomada “bajo presión, amenazas y acoso sexual”.  Marcelo Broll, uno de los detenidos de “la banda de los chalecos”, señaló desde la Cárcel que “no existía un solo indicio de nada, ni huellas, ni ADN, ni cámaras que involucren a las personas detenidas”.
Unos meses antes del operativo del que participaron agentes de varias departamentales para desbaratar a la presunta organización delictiva, hallaron una granada FMK2 diseñada por Fabricaciones Militares en el frente de la casa de Bonacci. El artefacto estaba acompañado por una carta amenazante.  La investigación a cargo del fiscal Pablo Jávega nunca pudo identificar a los autores ni logró precisar por qué lo hicieron.
Las oscuras tramas sobre complicidades y coberturas policiales revelaron la intervención de altos jefes de la Unidad Departamental de Río Cuarto en los últimos años. El máximo responsable de Investigaciones, Gustavo Oyarzábal, fue condenado por connivencia con el clan de los Vargas Parra durante la investigación por la desaparición de Nicolás Sabena y sentenciado por ser partícipe de las operaciones narcos que lideraba Claudio Torres antes de ser acribillado a balazos cuando salía de su casa en barrio Fénix. La mano derecha de Oyarzábal, la oficial Nancy “Nikita” Salinas, se encuentra detenida purgando la pena por colaborar con “el Pepe” Vargas y el fiscal Jávega ordenó imputar al ex comisario Fernando Pereyra, también sospechado de proteger a la familia Vargas.  Otro alto funcionario condenado fue el ex responsable de Drogas Peligrosas y ex sub jefe de la Departamental, Leonardo Hein, apuntado por “omitir” denunciar a dateros policiales ligados con el narcotráfico. La pesquisa reveló la identidad de  la  “avispa” o “avispón” en el seno de las estructuras policiales.
Las manifestaciones de Antonella Delgado antes de ser detenida dejaron una estela de interrogantes sobre los presuntos vínculos entre su pareja y policías capaces de liberar zonas y entregar uniformes a delincuentes armados. La sospecha ineludible sobre las coberturas de las fuerzas de seguridad en el crecimiento del delito, la portación de armas y la comercialización de drogas. Las preguntas que aún esperan por las respuestas oficiales, cuando las balas quedan marcadas.