Periodismo de guerra

Por Pablo Callejón

Quienes arman operaciones, crean estados de irritación social, amenazan con títulos de tapa y dan una batalla de mercado contra la política, no son medios de comunicación. Se trata de grupos económicos que, entre sus unidades de negocios, cuentan con diarios, canales de televisión, radios y páginas web, que se emiten o propagan a través de sistemas de cable o redes de fibra óptica que también les pertenecen. Su plan no es hacer periodismo. Al menos, no es el único objetivo, ni el que priorizan. No actúan como actores de servicio. No interpelan al poder porque son parte de ese poder fáctico. La pos verdad que desarrollan es la manipulación y la mentira. En la guerra lo que se promueve es la búsqueda del daño, el intento por devastar al otro. En el periodismo de guerra, se persigue el mismo fin. El editor y jefe de Clarín, Julio Blanck, admitió lo que evidenciaban las tapas del matutino: avanzar sobre el enemigo, aún a costa de la verdad. Para conseguir la embestida, los grupos económicos utilizan un esquema de manual. Un político aliado lanza la sospecha, la hipótesis aparece en tapa como una certeza, un fiscal amigo abre una causa y comienza un sistemático disparador de especulaciones que se muestran como irrefutables. Para lograr el objetivo se suman dos aspectos clave: la generalización y la estigmatización. No alcanza con decir que un político robó, es necesario afirmar que se llevó todo, dos PBI, una provincia entera. Nos dicen que no hubo algunos avivados que se saltaron la fila, la apuesta es asegurar que se robaron todas las vacunas. En lo incomensurable se ratifica lo incomprobable. ¿Si se llevaron todo, para qué investigar la auditoría sobre la ruta denunciada o un listado en el Hospital Posadas? La ofensiva no es solo hacia un dirigente. Abarca a cada uno de los que pueden identificarse con una idea o movimiento en oposición. Es un trabajo conceptual sin fisuras para relacionar al enemigo con lo que está mal. Son K, apenas una letra. Cada político, dirigente social, gremialista, juez, fiscal, periodista o artista que no esté alineado pasa a formar parte del eje del mal. Ya no se habla de sospechas, hipótesis o investigación. Es la corrupción K. Un todo, donde nadie queda afuera. La brutalidad de la embestida invierte un concepto constitucional básico: ya  nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, son originalmente culpables y cualquier opinión en discrepancia será un síntoma de impunidad.
El sistema requiere de las redes sociales y su efecto multiplicador, un terreno que se expande con la proliferación de trolls o el odio visceral de los usuarios que buscan defenestrar con sus mensajes violentos. Lo hacen contenidos en la impunidad de un celular o un ordenador donde no emerge la interpelación física de la persona sobre la que vomitan su resentimiento.  No son espacios que democraticen el mensaje desde una presunta horizontalidad, sino que actúan con una sostenida intensidad. En algunos casos, manipulando con campañas de desinformación y en otros, buscando ratificar los preconceptos del usuario con prejuicios y mentiras.
Hubo corrupción en el kirchnerismo. José López y Ricardo Jaime, son prueba irrefutable de ello. Sin embargo, el dinero de los bolsos parece conducir a empresarios ligados al macrismo, aunque de eso no se habla. La articulación mediática y judicial no tiene límites al momento de dimensionar la acusación, pero es muy precavida cuando va en busca de los acusados.  La modalidad no es un invento argentino. Funciona con alta efectividad en muchos países de Latinoamérica y también en el mundo. En Brasil, por ejemplo, destituyeron a una presidenta electa por el voto popular y un juez regional logró encarcelar al dirigente que logró sacar a más de 40 millones de ciudadanos de la pobreza. El mecanismo requiere de una palabra siempre revulsiva, la corrupción. “Se llevan la tuya”, “te va mal por ellos”, por “lo que te robaron”. Para evitar que la estrategia salpique a los aliados de sus negociados, no alcanza con ocultar las miserias propias y dejar en tapa las ajenas, el relato precisa de algunos reparos. Nos advierten sobre el acto delictivo de lanzar bolsos por el paredón de un convento, pero consideran una picardía evadir miles de millones de dólares en cuentas off shore o arreglar concesiones a nombre de los propios. El problema son los Baez y no los Caputo o Calcaterra. Los manipuladores del bisturí  realizan cirugía fina todos los días. A veces los Caputo aparecen relacionados con los López  y  el periodismo de guerra debe apelar a la urgente defensa de la victimización. Si alguna voz se anima a confrontarlos, inmediatamente hablan de una “embestida contra la Justicia” o un “ataque a la prensa”. Exigen que las manifestaciones del enemigo sean entendidas como una ofensa contra ellos y los principios republicanos que aducen defender.
Con la privatización de los principales medios de comunicación en manos del Estado, comenzaron a conformarse grupos empresariales con poder sobre la gráfica, la radiofonía y la televisión, hasta alcanzar un dominio hegemónico en los sistemas de impresión, emisión o propagación de señales. El negocio se consolidó con fondos privados y públicos, apelando a la intervención artera sobre el mercado. El fútbol fue uno de los eficaces instrumentos de presión. El Grupo Clarín era dueño de la televisación a través de TYC Sports y los partidos de AFA se comercializaban mediante Cablevisión. Quienes no podían pagar los codificados debían observar a River o Boca en un bar o conformarse con mirar las tribunas en algún canal marginal. La artimaña no se reducía a convertirse en dueños de la pelota. Necesitaban también eliminar al rival. Los cables alternativos debían pagar un costo altísimo para ofrecer los partidos a sus abonados y, en algunos casos, ni siquiera podían acceder a una negociación. De esta forma, eran cooptados por Cablevisión que se esparcía por todo el país como la única opción posible para no quedar afuera de la mayor pasión popular de los argentinos. Con una posición dominante sobre el sistema de señales, pudieron direccionar y privilegiar los mensajes.
A los recursos privados, se sumaron los fondos públicos. Con gobiernos aliados o enemigos, a los que cercaron con su periodismo de guerra, Clarín siempre tuvo asegurado el primer lugar en el reparto de la pauta oficial. Hoy los medios de comunicación (insisto, en realidad, grupos económicos) obtienen una jugosa parte de sus ingresos a través del Estado. Se benefician, sobre todo, las empresas que lanzan discursos contra el valor de lo público y estigmatizan los subsidios a los sectores más vulnerables, a quienes descalifican como planeros y ventajeros.
Durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, cayó el gasto en publicidad oficial pero aumentó la concentración en los principales grupos. Clarín recibió uno de cada ocho pesos invertidos en pauta oficial. Luego, aparecen Indalo, Octubre, América, La Nación, Viacom, Olmos y los gigantes de la web, Meta y Google. ¿Cuánto destinó el gobierno nacional? Más de 8 mil 700 millones de pesos. Se trata, en términos inflacionarios, de un 23,5 por ciento menos que el año pasado, aunque ninguno de los  sectores hegemónicos sufrió la reducción de partidas. La plata de la pauta oficial se concentra cada vez más en pocas y poderosas manos: las 12 empresas que más recursos recibieron, pasaron de representar el 49 al 53 por ciento del total repartido.
Los grupos económicos actúan en un estrecho vínculo con fiscales y jueces que resguardan sus intereses, los representan o los representaron. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, fundó junto a Gabriel Bouzat el estudio Bouzat, Rosenkrantz & Zbar. En su cartera de clientes reconoce a Cablevisión, Grupo Clarín, La Nación, YPF y La Rural S.A., entre otras corporaciones.  La avanzada sobre la corrupción, que incluyó cinematográficos operativos con funcionarios cubiertos por cascos y chalecos antibalas, no fue la búsqueda de un país capaz de superar los negociados entre funcionarios y empresarios privados. Tampoco fue una disputa moral ni la independencia de una investigación periodística lo que estuvo en juego. Es un disciplinamiento del poder fáctico, fundamentalmente, económico. Ya no retumban los pasos de las botas en los cuarteles. Ahora, utilizan el Lawfare, una batalla con intereses ocultos a la opinión pública, que busca la persecución, detención y erradicación de la consideración colectiva de dirigentes políticos, sociales, sindicales o de la cultura. Una de las claves en esa búsqueda es la condena mediática. La Justicia hace su parte con la aplicación de prisiones preventivas que obligan al acusado o la acusada a purgar una pena por la que no fueron aún sentenciados. Para alcanzar ese nivel de arbitrariedad en los actos judiciales, resulta necesaria una validación pública del relato mediático. 
El Grupo Clarín es el mayor conglomerado de comunicaciones en la Argentina y uno de los más grandes de Latinoamérica. Edita el matutino que lleva su nombre y el segundo periódico online más visitado. Además es propietario de La Voz y Los Andes, dos de los diarios más importantes y tradicionales del interior. El Grupo posee, además, Radio Mitre, FM 100, emisoras de radio AM y FM, radios reproductoras en cada provincia argentina, Canal Trece, de Buenos Aires, TN, Cablevisión, Fibertel, Personal, Telecom, productoras de cines, y otros múltiples negocios satélites. Con la fusión con Fintech, domina en el país el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de conectividad móvil y el 40% de la TV paga. La estrategia de asegurar cada eslabón de la cadena de la comunicación tuvo su primer gran impacto en 1977, cuando Clarín y La Nación acordaron con la Dictadura militar la compra de Papel Prensa, la empresa que la familia Graiver denunció haber perdido bajo presión, amenazas y torturas.
El diario La Nación, en cambio, mantuvo su tradicional perfil gráfico hasta que resolvió sumar una señal televisiva alineada con sus intereses económicos y políticos. El Grupo se resiste a informar quiénes son los verdaderos dueños del paquete accionario del multimedios.  Esmeralda Mitre exige su parte de la empresa que conducen los hermanos Saguier y asegura que detrás de “KMB Sociedad Anónima”  habría “un montón de empresarios amigos del expresidente (Mauricio) Macri”.
Los intentos por contrarrestar el poder que ostentan los grupos hegemónicos encontró la resistencia de sus aceitados vínculos judiciales. La Ley de Medios, debatida durante meses por organizaciones sociales, referentes comunicacionales y expertos académicos, fue aprobada por una mayoría parlamentaria. Sin embargo, no pudo ser ejecutada plenamente por las incesantes apelaciones en la Justicia. En 2015, el gobierno de Cambiemos resolvió derogar los artículos de la norma que intentaban reducir la posición dominante de las corporaciones mediáticas.
La resistencia a este modelo de negocios solo se expresa en las producciones alternativas y en los periodistas que deciden dar una batalla desigual contra los voceros de intereses espurios.  Antes con Cambiemos y ahora, con el Frente de Todos, el Gobierno nacional les da una consideración residual a estas iniciativas, mientras sostiene los discursos hegemónicos con fondos públicos. Un proceso cotidiano donde se cavan trincheras y los títulos gatillan su periodismo de guerra. El escenario donde solo queda lugar para resistir con la única obsesión de contar la verdad.