La cárcel de las penas

Por Pablo Callejón

Nadie describió cómo fue la fuga de Cristian Parra, aunque no debió resultar muy difícil. El rionegrino, que estaba cumpliendo la última parte de su condena a 7 años de prisión por robo calificado, se encontraba beneficiado por actividades en la casa de Pre Egreso. Según admitió el juez de Ejecución Penal, Gustavo Echenique, los internos en ese lugar se rigen por un esquema de “auto disciplina”. Los guardiacárceles realizan un conteo por turno de los presos alojados y no mucho más. Desde las torres ubicadas en los vértices de la Cárcel, el objetivo primario es lo que sucede murallones adentro. El sector de las huertas implica un acuerdo implícito que Parra resolvió no cumplir. La situación reactivó la preocupación de vecinos y comerciantes que alertaron sobre los riesgos de convivir con un centro carcelario en el que están alojados 850 personas, algunas de ellas, condenadas por delitos graves.

La Cárcel de Encausados fue inaugurada el 25 de octubre de 1909. Se radicó en un lugar despoblado, alejado del centro urbano y administrativo de la ciudad. Un siglo después, la zona se convirtió en el principal acceso sur, rodeada de viviendas y locales comerciales. La decisión política de relocalizarla se esfumó en apenas 3 años. En 2005, el ex gobernador José Manuel De la Sota anunció que se haría un nuevo establecimiento penitenciario pero, en 2008 la iniciativa quedó encajonada. Diez años después se concluyeron las obras de ampliación de los pabellones, lo que pareció sentenciar la continuidad del viejo edificio.

Los antecedentes de motines, intentos de fuga y escapes concretados, el consumo abusivo de drogas, la complicidad de guardiacárceles en el ingreso de estupefacientes, la muerte  de internos y el reclamo permanente de los familiares revelan un contexto de violencia y marginalidad, con leyes propias. El deceso de un recluso por “un paro cardiorresporatorio”, el pasado 29 de marzo, desnudó la preocupación por la asistencia sanitaria de quienes padecen enfermedades crónicas. El interno fue asistido por convulsiones y trasladado al Hospital, donde finalmente murió. En un comunicado leído frente a la Cárcel, un grupo de mujeres advirtió que se incumplen “los derechos a la dignidad, la integridad personal y la igualdad de trato”
Los presos escribieron el texto en el que señalaron que “no hay atención en salud ni somos escuchados”. “Estamos pagando nuestros errores, solo pedimos atención médica. Hay personas mayores con cáncer, diabetes, EPOC, fracturas, anemias crónicas, y otras patologías sin tratamiento. Nos dejan morir”, advirtieron.

Según un informe elaborado por el juez Echenique con datos del Servicio Penitenciario, en Córdoba funcionan dos complejos carcelarios, seis establecimientos y la Unidad de Contención al Aprehendido. Hasta noviembre del 2021, 11.247 internos alojadas en toda la Provincia. Del total de reclusos, 6343 son procesados. Se trata de personas imputadas, que transitan el proceso judicial privados de la libertad. 5984 de los procesados son hombres y hay 359 mujeres. El informe reveló, además, que hay 4.263 condenados con sentencia firme o en ejecución.

En Córdoba no hay centros penitenciarios federales y los 250 internos que dependen de la Justicia nacional están alojados en diferentes cárceles provinciales.  Los datos oficiales revelaron que hay 176 presos con procesamiento y 67, con condena firme.

Ocho son los Juzgados de Ejecución penal que intervienen en toda la Provincia y cinco de ellos están distribuidos en el interior. Los magistrados deben controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. La normativa les exige verificar el cumplimiento por parte del imputado “de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del Juicio a prueba, libertad condicional, y condena de ejecución condicional”. También deben garantizar “el cumplimiento efectivo de las sentencias de condena dictadas por los jueces de Instrucción, jueces Correccionales y Cámaras en lo Criminal, con excepción de la ejecución civil”. En otro de los puntos, la ley los obliga a ejecutar “las medidas de seguridad impuestas a inimputables mayores de edad”. Un punto clave es que deben “conocer los incidentes que se susciten durante la ejecución de la pena y saber sobre las peticiones que presentaran los condenados”.
 El Juzgado de Ejecución Penal de Río Cuarto es el tercero en toda la provincia en número de internos a su cargo. Echenique precisó que actualmente tiene a disposición 503 reclusos, de los cuáles 103 aún siguen en condición de procesados.

“Cuando llegan a la casa de la huerta los ves caminando por las calles, van a comprar a comercios, nadie controla”, afirmó un vecino que reside con su familia frente a la Unidad Penitenciaria 6. Otra mujer aseguró que “dos por tres se escuchan tiros” y denunció que “hemos visto como hay familiares que tiran bolsas por sobre el paredón cuando los presos están en el patio”. Nada podría suceder afuera sin la complicidad de los adentro. El pasado 13 de abril, la doctora Rosa Sabena confirmó en Así son las Cosas la detención del suboficial Marcelo Leiría por el ingreso de droga al penal. Leiría ya había sido denunciado hace 7 años por el guardiacárcel Gustavo Albornoz. Una trama de complicidades, por acción o por omisión, provocó que Albornoz fuera desafectado por haberse animado a denunciar lo que la mayoría oculta y calla.
Mientras crece la población y la estructura en el predio carcelario de Río Cuarto, parece sometido al ostracismo el debate político sobre los inconvenientes que genera la convivencia con pabellones carcelarios en una zona densamente poblada. Un lugar donde confluyen celdas celosamente custodiadas y una casa de pre egreso, donde los internos pueden fugarse sin dejar un solo rastro.