El comisario y sus compinches

Por Pablo Callejón

La última vez que el comisario Gustavo Oyarzábal ingresó a una audiencia en Tribunales lo hizo esposado, con una fuerte custodia policial, aunque solo debía declarar como testigo. Fue el 12 de febrero del 2020. El ex jefe de Investigaciones de la Unidad Departamental defendió su acusación sobre Sergio Medina, el albañil de Las Albahacas condenado por el crimen de la comerciante de Claudia Muñóz. Dos años después, Oyarzábal volverá a sentarse frente al Tribunal, aunque esta vez será como imputado de encubrimiento por favorecimiento personal agravado. La Justicia sospecha que ayudó al clan familiar de los Vargas Parra en su intento por ocultar la responsabilidad en la desaparición de Nicolás Sabena. El jefe policial tenía muy aceitado el modo en el que protegía a sus vínculos en el hampa. El 30 de octubre del año pasado, fue condenado a cuatro años y diez meses de cárcel por ser partícipe necesario de la organización narco que habría liderado el “zar de las drogas”, Claudio Torres. Oyarzábal siempre jugó a dos puntas. El día que acribillaron a Torres frente a su casa en barrio Fénix, el uniformado estuvo a cargo de las primeras horas de la investigación. A los pocos días fue detenido. La Justicia Federal logró probar la protección que el acusado brindaba a las operaciones delictivas.
La sentencia no pasará inadvertida en las audiencias con jurado popular que se desarrollará desde el 14 de febrero. La jueza de control Luciana Alba lo anticipó en la resolución que ratificó la elevación a juicio. En los argumentos del fallo, la magistrada sostuvo que “debe considerarse la importancia de la causa seguida actualmente en su contra en la justicia federal por lavado de activos provenientes del narcotráfico”. Alba hizo especial referencia a Gabriel Bossi, quien era pareja de Lucía Vargas cuando desapareció Nicolás en septiembre de 2008 y actuaba como el ladero de confianza de Torres en la banda narco. En el expediente surge que Oyarzábal encabezó un allanamiento en calle Leyes Obreras “para intentar recuperar el teléfono de Torres tras su muerte”. Bossi residía en aquella vivienda que todavía era propiedad de los Vargas Parra. El supuesto esfuerzo por hallar los elementos probatorios derivó en una nueva puesta en escena del ex titular de Investigaciones. La juez Alba consideró probadas “las conductas de protección y favorecimiento de Oyarzábal a Bossi y demás compinches, las que pueden válidamente ser consideradas como indicios en su contra”.

Gustavo Oyarzábal encabezaba las tareas de campo en los primeros meses de la investigación para intentar hallar a Nicolás. La familia del joven desaparecido está convencida del rol que ocupó el comisario para evitar el hallazgo de pruebas y entorpecer la búsqueda en un tiempo que hubiera resultado clave. Según surge de la instrucción del fiscal, a las 14:09 del 3 de noviembre de 2008, Oyarzábal se comunicó con Lucía Vargas en dos oportunidades. Lo hizo desde el teléfono celular de flota que poseía. La primera llamada duró 24 segundos y la segunda, solo cinco. El objetivo fue “informarle sobre las constancias y el rumbo de la tarea investigativa”. A las 18:56 del 18 de noviembre del mismo año, el entonces oficial recibió una llamada de 40 segundos desde el celular de Adelina Flores, la esposa del “Pepe” Vargas. Finalmente, el 4 de diciembre, a las 22:22, Oyarzábal llamó al jefe del clan en la previa a un amplio allanamiento en la quinta donde había pasado sus últimas horas Nicolás. Para la Justicia, la comunicación buscó alertar y prevenir a los principales sospechosos.

Rosa Sabena advirtió a la fiscalía de Cuarta Nominación sobre “la actitud poca colaborativa” que se observaba en Oyarzábal y solicitó que se derive a la Policía Judicial el análisis telefónico. La mujer recibió un listado en el que había un número al que se llamó desde el teléfono de su hijo. Finalmente se constató que esa línea era utilizada por la hija de los Vargas, aunque los integrantes del clan lo habían negado. La pesquisa determinó que Oyarzábal se había comunicado en dos oportunidades con el celular en manos de “La Cori”. A pesar de la contundencia de los elementos probatorios, la trama de vínculos para la protección de los acusados demorará 14 años en ser juzgada por un Tribunal.

La defensa intentó un pedido de prescripción y buscó minimizar, sin éxito, el caudal probatorio. Todas las instancias de apelación fueron rechazadas y el comisario Oyarzábal deberá enfrentar el banquillo de los acusados. Si es considerado culpable, sería su segunda condena en apenas cinco meses. En los Tribunales de Río Cuarto volverán a recibirlo esposado, rodeado de agentes del Servicio Penitenciario. Quien fuera el hombre fuerte de Investigaciones en la Unidad Departamental es hoy la referencia de las complicidades entre las fuerzas de seguridad y las bandas delictivas que operaron con la venta de estupefacientes. Otro capítulo en el escenario de negocios millonarios, un crimen a sangre fría y la desaparición de un joven de 21 años en plena democracia. La trama, ahora visible, del accionar de Oyarzábal y sus compinches.