La indignación que llega tarde
Por Pablo Callejón
El crimen de Lucio, el niño pampeano que falleció como consecuencia de reiterados abusos y palizas, despertó un reclamo que unificó al país. Pedir Justicia por la víctima resultó más convocante que las reiteradas advertencias de gremios, organizaciones sociales y referentes de la niñez sobre los escasos recursos para evitar a tiempo el dolor más agudo y definitivo. En Río Cuarto, aún se buscan respuestas por el homicidio de Luciano Thiago Luchini. Tenía apenas 4 años cuando ingresó al dispensario con secuelas de abuso y leves síntomas vitales como consecuencia de un fuerte golpe que le había entumecido el hígado. Cada vez que la muerte de un niño o una niña nos interpela en la pantalla del televisor o la tapa del diario se multiplican las denuncias. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, las presentaciones por maltrato infantil crecieron un 73 por ciento en apenas 5 días tras el asesinato de Lucio. Despertamos, lo decimos a gritos, con velas encendidas. Marchamos impulsados por la indignación. Nos sumamos a la consigna del “con los niños no”, como una respuesta inmediata y colectiva frente al horror, mientras se desmoronan las estructuras de contención. Nunca los recursos que se destinan a la niñez, y en particular a la infancia vulnerada, aparecen entre los principales reclamos antes de una elección. Ni siquiera asumen un rol central cuando la violencia se encarniza con la niñez hasta quitarle la vida. Pedimos que paguen los culpables sin preguntarnos cómo pudimos haberlo impedido.
En Río Cuarto y en toda la Provincia, los recursos para evitar el maltrato y abuso infantil son escasos. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia naturalizó la precarización laboral, con salarios indignos camuflados bajo el rótulo de las becas. Quienes reciben las denuncias y deben actuar en forma urgente para contener a los niños y niñas maltratados, ganan entre 10 mil y 15 mil pesos. En esa lucha desigual contra el tiempo y la escasez de recursos, deben tomar un remis o usar sus propios vehículos para llegar a destino. No tienen oficinas adecuadas de trabajo que garanticen la intimidad de las familias ni pueden alcanzar territorialidad por el desborde de casos. La Asociación de Trabajadores del Estado es el único sindicato público dispuesto a visibilizar la precariedad de los que deben asistir a los más vulnerables. El gremio había logrado un acuerdo para elevar los ingresos de los equipos técnicos y profesionales a 40 mil pesos, aunque el anuncio es todavía una promesa incumplida. Se lo hicieron saber al ministro de Justicia Julián López, quien llegó a Río Cuarto para “impulsar la lucha contra la discriminación”.
La secretaria general de ATE, Rafaela Alcoba, advirtió al programa Así son las Cosas que “las y los compañeros tienen que elegir cuál de los casos urgentes deben atender”. En el organismo solo abundan las carencias, no pueden con todos. Lo advirtió el juez de Niñez y Familia, Mariano Correa, quien afirmó que “son absolutamente insuficientes los recursos, pese a que los plazos de intervención siempre son breves por la gravedad de las causas”. La asesora de Menores, Alejandra Mundet, sostuvo que “la Justicia actúa sobre el hecho consumado y lo importante es prevenir”. La funcionaria resaltó a Telediario que “hay que dotar a SENAF de personal”. También el ex juez de Menores, José Varela Geuna, apuntó sobre “la carencias que no permiten la eficiencia del sistema integral de protección”
Desde ATE aseguran que casi la totalidad de los 10 integrantes de los equipos técnicos “están precarizados” y deben atender las demandas de Río Cuarto y otras 24 localidades de la región. Se suman al reclamo de organizaciones sociales por una “declaración inmediata de la emergencia en niñez”.
Según cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2020 se registró un aumento del 20% de los llamados a la línea 137. La violencia familiar creció un 28 por ciento y los abusos sexuales, subieron un 13 por ciento. Por su parte, desde UNICEF señalaron que en Argentina, los métodos de disciplina violenta, que incluyen castigos físicos y maltrato psicológico, afectan a 7 de cada 10 chicos y chicas de entre 2 y 4 años.
Un 54,4 por ciento de la niñez en Argentina sufre algún tipo de castigo físico, que puede llegar del chirlo o el zamarreo hasta las golpizas y violaciones. Las víctimas no encuentran recursos para defenderse en el hogar. Los especialistas piden a vecinos y familiares alertar sobre cualquier signo de violencia y una de las claves es la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas. El 80% de los menores que denuncian abuso sexual se dieron cuenta por primera vez en las aulas de que eran víctimas de este delito, según datos el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires. A partir de la ESI, pudieron advertir que las aberrantes prácticas normalizadas en el hogar eran una manifestación del abuso que padecían.
La psicóloga y profesora universitaria, Eva Giberti, resaltó que hay una invisibilización de los dramas en la niñez “por la naturalización de la violencia y el no registro del chico como persona sujeta de derechos”. Los sistemas de protección no son eficientes ni dan abasto. Sus falencias quedan evidenciadas ante cada muerte que gana espacios en los medios de comunicación y en la indignación colectiva que antecede al ocultamiento sistemático. Para intentar prevenir el maltrato y los abusos se necesita llegar a tiempo. Para alcanzar a cada una de las víctimas se requiere de equipos técnicos y recursos. Para que el personal pueda contener a todos, debe estar contenido. La endeble estructura de la SENAF y de otros organismos que actúan sobre la niñez vulnerada se revela como un sacudón irreversible de la conciencia colectiva ante cada muerte. Y entonces, el crimen de un niño nos moviliza más que los argumentos para evitarlo.
