Demasiado tiempo

Por Pablo Callejón

Será la tercera vez que iremos a votar en pandemia. A diferencia de las anteriores, fundamentalmente la primera, la normalidad de las calles y la vida cotidiana parecen contradecir la advertencia sobre la vigencia del virus. Alemanes o británicos cuentan en estos días por decenas de miles los contagios de una cuarta ola. Las vacunas lograron reducir internaciones y muertes, pero aún es posible el contagio. La Argentina ha superado los niveles de vacunación de los países europeos y la variante Delta se expresa como una preocupación marginal por la baja cantidad de afectados. Avanza la inoculación pediátrica y en adolescentes, mientras comienzan a multiplicarse los turnos para una dosis de refuerzo. Sería el mejor escenario preventivo ante la eventualidad de una nueva ola de casos. Nadie supone volver a resistir en cuarentena, con el distanciamiento social de los que más queremos o sometidos al temor de arriesgarnos a ir a trabajar y volver contagiados por Covid. Sin embargo, la memoria reciente por lo vivido impacta fuertemente en las decisiones de las personas. Hay un enojo con quienes debieron decidir cómo enfrentar la enfermedad. Nadie tenía un manual, ni siquiera en los países con niveles más avanzados en estructuras sanitarias y solvencia económica. Pero allí también, el votante responsabilizó a sus autoridades. Perdió Trump en los Estados Unidos, Piñera se vio obligado a cambiar la Constitución en Chile, un desconocido ganó en Perú, cayó el régimen de facto en Bolivia y hubo votos castigos en España y Brasil. No todas las elecciones dejaron las mismas lecciones ni se definieron por únicas razones, pero quedó en evidencia el costo de haber vivido en pandemia.
Los argentinos y argentinas transitan por un deterioro estructural que acumula demasiado tiempo. Los últimos cuatro años impulsaron una degradación aún mayor. Niveles de pobreza obscenos, inflación asfixiante, pérdida del poder adquisitivo, deterioro de los esquemas productivos y un endeudamiento récord por miles de millones de dólares que nunca llegaron al bolsillo del trabajador argentino ni generaron alguna mejora en la calidad de vida. No fueron a calles, ni hospitales, ni viviendas, ni escuelas, ni fomentaron la productividad económica. El país debe más de lo que produce y la única alternativa parece reducirse a dilatar los plazos de pago. Podemos presumir que nunca habrá un Tribunal que juzgue a quienes resolvieron estatizar deuda pública, devaluar por mandato de los poderes de facto o tomar deuda que empobrece a varias generaciones mientras se fugan los dólares a bancos extranjeros.

Son tiempos de títulos catástrofes en los diarios y noticias en cadena nacional. Un caso de inseguridad que se multiplica las 24 horas para advertirnos que todos, en cualquier lugar del país, podemos ser esa misma víctima. Hay una interesada convicción de reducir la inseguridad a la persecución de jóvenes pobres. No queda espacio para dilucidar las causas que pueden llevar a una persona a decidir sobre la vida de los otros y hasta sobre su propia muerte, a cambio de un botín que no lo sacará de esa realidad de urgencias y marginalidad. Piden que se baje la edad de imputabilidad a pesar de que todos los indicadores judiciales advierten que resulta escasa la participación de menores en delitos graves. Las estadísticas parecen no importar. El dato objetivo se considera irrelevante. El discurso que sostienen desde los grupos económicos propietarios de medios de comunicación intenta asegurar que un preso, no importa el delito que haya cometido, no recupere nunca más la libertad. Se desestima el debate sobre la ineficacia de los procesos de resocialización en las cárceles y las desigualdades que les impiden volver a vivir en comunidad. El asesino del quiosquero en Buenos Aires había cumplido la pena por un robo cometido 6 años atrás. Nadie lo había indultado ni había pedido que fuera liberado antes de cumplir la condena. Sin embargo, los voceros del establishment instalaron con efectividad la idea de un homicida beneficiado “por la política de liberación de presos durante la pandemia”. Todo vale en la lógica de lo que denominan el periodismo de guerra.
En Río Cuarto, la violencia urbana se ha naturalizado por el silencio político y la inexistencia de un debate social que interpele las razones que provocan las muertes de jóvenes cada fin de semana. Se han arraigado matrices de desigualdad que fueron alertadas en los barrios y no encontraron eco en las oficinas públicas. Hay una distancia demasiado extensa entre los anuncios de políticas sociales y la resolución real de conflictos en los sectores más vulnerables.
La pandemia nos dejó exhaustos, más irascibles, menos optimistas. Hay comercios que recuperaron clientes y mejores expectativas para el campo. Los locales volvieron a ocuparse en el centro y los ingresos impactan en las arcas impositivas. La reactivación parece encontrar argumentos más sólidos, aunque todo se desarrolla en un contexto de inequidad. El crecimiento después del abismo no está llegando a todos. Y fundamentalmente, no está llegando con la misma celeridad a los sectores medios y quienes menos tienen. El agobio social y el descreimiento a las opciones tradicionales de la política han provocado en otros lugares del mundo la aparición de personajes con aspiraciones mesiánicas. Nadie juega con fuego y supone que solo se quemarán los otros. La convocatoria a un acuerdo social colectivo, que nos involucre en un equilibrio de fuerzas más solidario, podría ser un desafío loable para comenzar a gestar desde el lunes. Los antagonismos por los que transita un país desquiciado en sus diferencias deberán lidiar con las urgencias de casi la mitad de sus familias inmersas en la pobreza. Y ya hemos dejado pasar demasiado tiempo.