Un techo donde vivir

Por Pablo Callejón

Es la foto de portada del álbum familiar. La que buscan los políticos en campaña. La que utilizan los bancos en afiches con gente feliz que busca convencernos de lo “ventajoso” que resultaría endeudarse. La foto que lo resuelve todo: el padre, la madre, los hijos, el perro, el auto y sobre todo, la casa. Crecimos con ese mandato. La historia de vida de la familia comenzaba allí, con llave en mano. Podrían venir tiempos mejores y algunos peores, pero nunca debía faltar un techo donde vivir. El objetivo debía ser un sueño, pero derivó en un martirio. Las consecuentes crisis económicas convirtieron los proyectos de largo plazo en un plan azaroso a merced de devaluaciones, picos inflacionarios, intereses usurarios, dolarización de las cuotas y el miedo a que todo vuele por los aires tras un desalojo. Nada resulta posible sin la participación del Estado y aún con la mediación de las políticas de gobierno, el desenlace puede ser el menos esperado. La vivienda propia derivó en una compleja trama donde el derecho humano con aval constitucional se redujo a un mero privilegio.

El ayuntamiento de Berlín resolvió comprar 14.750 viviendas y 450 locales comerciales a las inmobiliarias Vonovia y Deutsche Wohnen por un valor de 2.460 millones de euros. El gobierno alemán decidió salir a intervenir como un poderoso operador en el mercado para lograr una baja en las propiedades. Las viviendas pasarán a formar parte de las tres empresas públicas Berlinovo, Howoge y Degewo y la compra será financiada mediante créditos. El plan oficial que sorprendió al mundo apunta a bajar los precios de los alquileres que hoy agobian las finanzas de miles de familias. La construcción suele ser garantía de alta rentabilidad y aumenta sus beneficios con el transcurrir del tiempo. La concentración de unidades habitacionales en pocas manos promueve un altísimo poder en la especulación del mercado. Allí aparece el rol del Estado. La espera que juega a favor de los fijadores de precios pone en jaque las finanzas de los inquilinos. El Gobierno alemán no solo busca romper los monopolios, necesita aumentar la oferta. Un referéndum que se someterá a votación podría dar el aval para la expropiación de 240 mil viviendas sometidas a la especulación inmobiliaria. El drama no es patrimonio de un país o una región, aunque algunos la pasan mucho peor que otros.

En la Argentina, 3 millones de familias destinan hasta la mitad de sus ingresos en el alquiler. Según el informe de Inquilinos Agrupados de septiembre, casi el 50 por ciento de los afectados admitió que está endeudado. Un 30 por ciento dijo que está condicionado por la tarjeta de crédito, otro 16,5 no pudo pagar a término los servicios como luz, gas o agua y un 15,2 tiene deudas con algún familiar. Además, hay un 14,8 que sufre el reclamo de pago de los bancos, un 6,8 está sometido por las financieras y un 5,8 no puede con las cuotas mensuales del alquiler. La gente prioriza pagar la casa, sin realizar una especulación financiera sobre qué boleta resulta más conveniente saldar primero. El dilema es el que ya conocíamos. Te puede ir mal, incluso muy mal, pero siempre es mejor tener un techo. A pesar de la nueva ley que promueve un control sobre los precios máximos, la realidad transita a contramano. En las renovaciones, la mitad de los afectados sufrió subas de hasta el 60 por ciento y un terció recibió incrementos de hasta el 150 por ciento. Apenas, un 17 por ciento pudo lidiar con alzas un poco más razonables. Cada vez deben pagar más por una casa o departamento, aunque sus salarios se desploman desde hace 40 meses frente a la inflación. Pierden calidad de vida, se endeudan, postergan lo urgente, resignan lo necesario solo para pagar el costo de tener un hogar. Ese es el mandato.

Miles de familias decidieron poner fin a su rol de inquilinos y terminaron aún más endeudados. Son las víctimas del engendro financiero de los UVA, un plan orquestado por el gobierno de Mauricio Macri para garantizar la rentabilidad de los bancos y multiplicar los intereses y el capital que deben afrontar los adjudicatarios. Alberto Fernández prometió ponerles fin y solo les dio continuidad. El congelamiento en medio de la cuarentena estricta derivó en una refinanciación de cuotas que suben impulsadas por la inflación. Los afectados temen ser utilizados por el Gobierno como advertencia del modelo económico de Cambiemos, en lugar de avanzar en una solución real y definitiva. La vigencia de los UVA revela que unos y otros eligen sostener las condiciones que benefician a la banca, aún a costa de la desesperación de quienes solo buscaban comprar su casa.
El Juzgado Federal de Río Cuarto resolvió dictar una medida cautelar que ordena a los bancos Galicia y BBVA a abstenerse de cobrarle a un damnificado un monto mayor a la suma fijada en la sentencia. Además, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, la actualización de las cuotas debe fijarse por el Coeficiente de Variación Salarial en lugar del UVA. La Justicia ha comenzado a ser la respuesta a un problema originado por el Estado y que necesitará, más temprano que tarde, una decisión política para una solución colectiva.

Ni las caras felices, ni el perro, ni el auto en la puerta. En un país con casi la mitad de sus habitantes en la pobreza, una inflación interanual que supera el 50 por ciento y niveles de desempleo que rondan los dos dígitos, apostar por un plan de largo plazo para la compra de la vivienda se ha convertido en una quimera. El crédito que los bancos niegan tampoco resulta fácil de hallar en los ámbitos públicos. El gobierno de Juan Schiaretti ofrece opciones como los planes Semilla y Vida Digna para los sectores más vulnerables y la adquisición de terrenos a través del programa Lo Tengo. En Río Cuarto, el principal objetivo es concluir las casas que quedaron pendientes del gobierno de Juan Jure. Demasiado poco para una incesante demanda habitacional que se agravó por la crisis económica y la pandemia. Desde la Nación, la propuesta para la clase media y trabajadora es un nuevo Procrear, con una oferta todavía escasa.

Los asentamientos se multiplican en Río Cuarto, tal como reconoció el secretario de Desarrollo Social, Gustavo Dova. El acceso a la tierra resulta demasiado oneroso, incluso en sectores alejados y sin servicios básicos. La rentabilidad del campo podría volcarse una vez más este año a la construcción aumentando la concentración de la propiedad, con una suba de costos que no acompañan los bajos salarios. El déficit habitacional de la Argentina se estima en torno al 36%, según surge de un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. El drama se agudiza entre los sectores más empobrecidos por el hacinamiento, la precariedad de las construcciones, la falta de títulos de posesión y la ausencia de infraestructura apta.

Si acceder a la casa propia puede resultar una quimera y pagar el alquiler es un suplicio cada mes, las cosas pueden complicarse aún más entre los jóvenes y mujeres, los más afectados por las desigualdades salariales, el desempleo y la precariedad laboral. La proliferación de viviendas de nylon y madera en unos 15 asentamientos en la ciudad, expresan el abismo con el desarrollo de countries o barrios semi cerrados en las últimas dos décadas. Todo emerge más injusto y abrumador cuando lo que está en juego es el derecho básico y elemental de ocupar un lugar digno. Esa foto que añoran las familias, esperan los políticos y utilizan los bancos. Cada vez resulta más difícil seguir el mandato que nos legaron los viejos. Nadie parece asegurarnos desde hace un largo tiempo que podremos contar, al menos, con un techo donde vivir.

Foto: Puntal