Pedido de informes en la Unicameral por las denuncias públicas contra multas en pandemia: “se viola el derecho constitucional de defensa”
El legislador de Juntos por el Cambio, Juan Jure, realizó un pedido de informes en la Unicameral por las denuncias públicas que realizaron afectados riocuartenses contra las actas por supuestas infracciones en pandemia. En algunos casos, se trata de multas de hasta 200 mil pesos.
Jure solicitó “requerir al Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del organismo que corresponda, informe dentro del término de 7 días, las razones o motivos de haber intimado a personas y ciudadanos de Rio Cuarto del pago de multas por eventuales incumplimientos al régimen sancionatorio excepcional de emergencia sanitaria”
“Lo hicieron sin que se les haya notificado el acta de constatación y efectuar el correspondiente descargo, violando el principio constitucional de derecho de defensa. Asimismo, se notificar a la Comisión de Seguimiento del Régimen Sancionatorio Excepcional – Covid-19″(art 9° de la LeyLEY 10.702)y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba como organismo de control para que tome conocimiento y disponga las medidas pertinentes”, afirmó Jure.
El legislador expresó que: “Desde que se puso en vigencia la ley que sanciona las violaciones a las restricciones sanitarias en contexto de pandemia se hicieron miles de actas con infracciones, por un valor millonario. La salud de la población se encuentra en juego en estos días de aislamiento social obligatorio y preventivo. La tasa de letalidad del COVID-19 está fuera de duda, miles de personas han fallecido como consecuencia directa o indirecta de las complicaciones respiratorias y multiorgánicas que produce el virus”.
Y agregó: “Para ello será menester acreditar que el autor actuó en infracción al deber objetivo de cuidado exigido en materia sanitaria y la relación o nexo causal entre la conducta imprudente del autor y el resultado disvalioso. Más allá de las soluciones ensayadas, lo importante y útil que debe dejar la experiencia del COVID-19 es evitar caer en una reacción punitiva desmedida, o en un simple afán recaudatario por el monto de las multas aplicadas, sin la posibilidad de efectuar el descargo correspondiente del eventual infractor. Cualquier ciudadano, tiene derecho a efectuar su descargo sobre lo que se lo acusa”.
“Seguramente cuando este lapso de aislacionismo obligatorio pase, será deber de la justicia adecuar la respuesta de la ley penal hacia los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. Debemos evitar caer en el histrionismo social y el linchamiento mediático que no coadyuvan a la paz social y menos aún a calmar los ánimos de los iracundos que creen ver en la reacción punitiva la panacea para todos los problemas sociales. Hoy en día lo único permitido es contagiar solidaridad”, fundamentó.
Jure consideró que “la cuarentena tiene sustento constitucional, en cuanto medida excepcional y en cuanto al medio escogido para declararla”.
“Ello no quita la seguidilla de actuaciones inconstitucionales que se han dado en los tres niveles de gobierno, las cuales deben juzgarse con la misma severidad que los poderes públicos han anunciado que van a aplicar a los episodios de violación de ciudadanos comunes. Finalmente, no pueden restringirse los derechos garantizados en la Constitución sin una justificación, por lo que las respuestas del poder ejecutivo deberán renovarse y llegado el caso modificarse, de lo contrario se caerá en arbitrariedad y abuso de autoridad”, argumentó.
