Las y los trabajadores de Senaf Río Cuarto realizaron bajo la lluvia una nueva protesta y asamblea. Lo hicieron en la puertas del organismo, para reclamar por la situación de precarización que padecen.

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“Somos esenciales. Exigimos igual tarea igual salario, decir basta de violencia institucional. No nos callamos más. Trabajamos para el ministerio de justicia y de derechos humanos de manera precarizada hace mas de 5 años”, indicaron.
Y añadieron: “La falta de recursos humanos + trabajadores precarizados afecta directamente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hay una deuda política con las y los trabajadores y una deuda política con la niñez”

Precarización

“Comenzamos a reunirnos con los becarios de SENAF y advertimos el alto índice de precarización laboral en la secretaría. Las becas son prolongadas, algunas llevan 8 años, a pesar de realizar tareas de alta sensibilidad al mando de profesionales”, advirtió la dirigente gremial de ATE, Rafaela Alcoba.
La sindicalista destacó en diálogo con Póster Central que “no solo hay un alto índice de precarización, sino que en una tarea donde deben intervenir en casos de niñez vulnerada, solo reciben ingreso que van de los 10 mil a los 15 mil pesos”.
“Son salarios que no permiten cubrir ni un tercio de la canasta básica alimentaria”, resaltó.
y agregó: “Se debe reconocer el derecho de los trabajadores para que la SENAF para que se puedan cumplir con las tareas que tiene como objetivo en la secretaría”.

LA SALITA DE JUEGOS ROTOS

Por Pablo Callejón Periodista

“Por 10 mil pesos valoramos la vida y el futuro de un niño” La frase retumba en la casona desbordada de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba. Las voces se entrecruzan en los pasillos que derivan en oficinas burocráticas y las salas agobiadas por la falta de espacio. Trabajadores, víctimas y victimarios aceptan el pacto con la resignación que les impide resguardar algo de intimidad. Desde hace más de 8 años, es un escenario cotidiano y dramático donde se dirime el destino de infancias vulneradas por golpizas, abusos sexuales y abandono. En apenas 5 horas, el protocolo formal exige un esfuerzo desmesurado para contener unos 40 casos semanales. Casa historia es urgente. Una demora administrativa, un trámite sin firmar, un llamado que no llega a tiempo puede poner en riesgo la vida del niño o la niña. La Justicia entrega “el oficio” y los equipos técnicos integrados por becarios deben iniciar el protocolo de actuación. Son tres unidades para toda la ciudad y un grupo a cargo del resto de las localidades del departamento. No dan abasto. Cada módulo de intervención está integrado por especialistas de la psicología y el trabajo social. Solo dos de los becarios no son profesionales. El primer paso es determinar la gravedad de los casos y resolver el retiro de la víctima del hogar. En un plazo de 30 a 90 días buscan hallar las condiciones para reintegrarlos a su centro de vida. Si esto no sucede, comienza la etapa de la adopción. La oportunidad puede demorar mucho tiempo o no llegar nunca. Entre las familias inscriptas en el Registro Unico, el 90 por ciento solo aceptar acoger a menores de 3 años.

El hombre la observó con esa carga de ira que recordaba de las sesiones en la Senaf. “Ahora sé que tenés hijos”, le dijo mientras caminaba por una de las calles del centro. Pudo reconocerlo inmediatamente, era el padre de uno de los niños que debió rescatar de un hogar que lo violentaba. No fue la primera vez que la amenazaban. Las agresiones se multiplican también en las oficinas del organismo. Esta semana lanzaron pintura sobre al automóvil que utilizan para los operativos y unos días antes, rompieron los vidrios de la puerta de ingreso de la vivienda y pintaron el frente. El sistema no deja de agobiarlas y violentarlas. “Si te encuentro en la calle te mato, vos sabes que te mato”. Los agresores no ocultan sus advertencias. No podrían hacerlo. El hacinamiento de las oficinas obliga al personal a convivir con historias que se entrecruzan lastimosamente. La seguridad es un objetivo sin garantías. “Buscamos solas a los niños. Son contadas las veces que vamos con la Policía Juvenil. Si nos pasara algo no tenemos seguro de vida, ni obra social, nada” El relato de una de las trabajadoras es revelador sobre las fragilidades de un modelo de intervención donde todos pueden ser las próximas víctimas. Una de las especialistas estuvo en soledad a cargo de la sección de abuso sexual infantil durante dos años. La unanimidad de los casos se derivaba a ella. A pesar de su alta formación, cobra unos 10 mil pesos por mes en un sistema de becas que no logra encubrir la precariedad. Solo siete empleados están en planta permanente y ninguno de ellos integra alguno de los equipos de actuación directa. Se trata de una trabajadora social, una psicóloga, tres abogados y dos administrativos. El resto son becarios, casi en su totalidad mujeres, que deben asumir a diario la responsabilidad de exigir medidas excepcionales para resguardar la niñez con derechos abusados. Sustituyen decisiones que antes estaban en manos de los propios jueces, sin ningún margen para el error. Deben entrevistar a las niñas y niños en salitas de juegos donados o rotos, donde nada ni nadie parece resguardar el derecho que llega quebrantado desde la casa. Solo ellas parecen intentarlo.

“(Jorge) Ravera pudo tener un buen abogado pero los chicos no”, afirmó Fabricio poco antes de la sentencia. En 2009, había logrado impulsar la denuncia de los niños abusados junto a la coordinadora de la Residencia Roca, Irma Aguirre. Ravera era un puntero político acusado de manosear a las víctimas y obligarlas a callar con palizas que solían repetirse cada noche. La Cámara del Crimen lo condenó a 14 años de prisión. El abusador había logrado aquel puesto por sus vínculos con el Justicialismo local. Necesitaba ingresos y la política lo premió con un cargo para el que nadie concursaba. El aberrante hecho obligó al cierre definitivo de la Residencia. No había sido un episodio aislado. Los casos se multiplicaban en diferentes centros de la Provincia. La institucionalización de las víctimas derivó en situaciones aún más agraviantes que las soportadas en los hogares donde fueron rescatados. La ausencia de recursos y políticas que le otorguen al Estado un rol clave en la c