Juicio a Guzzetta: Este viernes será el turno de los alegatos y el veredicto

Este viernes se conocerán los alegatos y el veredicto en el juicio al ex comisario Hugo Guzzetta, imputado por 12 casos de supuesta corrupción.
Los testimonios de testigos y efectivos complicaron la situación de Guzzetta, aunque la prueba documental no alcanza la misma contundencia en todos los hechos. La defensa pedirá la absolución.

La Caja de Pandora

Por Pablo Callejón

En los corrillos policiales todos los intuyen. Las comisarías de los pequeños poblados de la zona suelen ser un destino para castigar a los oficiales y comisarios a cargo. Un traslado puede significar el malhumor del jefe de turno o un escarmiento por conductas reprochables que no deben salir a la luz. Hugo Guzzetta había sido durante años jefe de la compleja División Juveniles en la Unidad Departamental y muchos le auguraban una carrera de ascensos. Por alguna razón (o un cúmulo de ellas), fue derivado a diferentes dependencias de la región. El regreso a la ciudad lo encontró detenido, esposado y con el rótulo de ex comisario. Guzzetta aseguró ser víctima de una interna policial, en la que sus propios subordinados lo acusaron de robarse un celular y un bombeador. En realidad, son doce los delitos por los que enfrentará un juicio oral con jurados populares. Será el segundo proceso los Tribunales de Río Cuarto, en apenas dos meses, donde aparecen involucrados funcionarios de la Policía por hechos de corrupción o connivencia con delincuentes. La defensa de Guzzetta cree que el proceso ayudará a conocer el pase de facturas de las roscas policiales y advirtió sobre el manto de sospechas que emerge del manejo de fondos en las comisarías de los pueblos. Un escenario de traiciones y dinero que revelaría mucho más que el accionar del acusado.

Casi en la medianoche fría del 1 de junio del 2015, el móvil de la sub comisaría de Villa Valeria advirtió el arribo de una pickup Amarok frente al establecimiento “La Idalina”. Los efectivos decidieron detener al vehículo para identificar a los dos ocupantes. Carlos Ariel Cornejo  y Gerardo Rolando Testore fueron sorprendidos con una carabina de repetición y un fusil Mauser. Dos meses después, el comisario Hugo  Guzzetta devolvió sin autorización judicial las armas y denunció un supuesto extravío, según surge de la acusación. Los hechos despertaron las sospechas del fiscal Marcelo Saragusti, sobre un “eventual acuerdo” entre las partes.
El 4 de agosto del mismo año, Guzzetta retiró un cheque del Banco de Córdoba a nombre de la Policía de Villa Valeria por $1159. Correspondía al 30 por ciento del total de las multas cobradas entre los meses de Junio y julio. El dinero, según la investigación del fiscal, nunca ingresó a las arcas de la dependencia policial. La situación se repitió el 19 de noviembre de 2015, con un documento de 877 pesos; el 27 de septiembre de 2016, por un monto de $11.245 y el 24 de febrero de 2017, por un valor de 3.723 pesos.
En el denominado “quinto hecho” de la requisitoria de elevación a juicio, Saragusti determinó que un domingo “durante los primeros meses de 2016”, Guzzetta ingresó con su automóvil Crevrolet Aveo al patio de de la sub comisaría ubicada en José Crotto al 338.  En pocos minutos logró desenroscar las tuercas de plástico de los caños de agua de un bombeador “color verde inglés”. Lo cargó en el baúl y nunca más regresó con el dispositivo que era utilizado para riego o lavado de los móviles policiales.
En la extensa lista de acusaciones, el “sexto hecho” fue la clave para la detención del comisario.  Guzzetta ingresó con la llave en su poder a la oficina de depósito de elementos secuestrados y sustrajo un teléfono celular marca BLU, al que le colocó su propio chip. El artefacto estaba en su poder cuando lo detuvieron el 24 de abril de 2018 en Adelia María, donde había sido trasladado por orden de la Jefatura en Río Cuarto.
La extensa lista de acusaciones reveló el estrecho vínculo entre las acciones policiales y los fondos aportados por los productores agropecuarios. El 8 de agosto de 2017, Guzzetta ordenó a la cabo Ledy Fernández conseguir “un fletero barato” para transportar una carga de maíz que había sido donado por Juan Viscardi. El objetivo era vender el cereal para comprar materiales de construcción y completar la refacción del destacamento policial Villa Sarmiento. La subordinada se comunicó con su tío, Luis Salinas, quien trabaja de transportista. El camión llegó hasta el establecimiento rural “La Costa” para cargar  los 9.500 kilogramos de maíz y trasladarlos al establecimiento “La Quinta”,  de Eduardo Fernández. Tres días después, Guzzeta “cobró de manos de Fernández 11 mil pesos en efectivo, sin exigirle el comerciante recibo alguno”. El fiscal determinó en la investigación que el comisario solo entregó 6 mil pesos a la caja  policial y “se quedó con el resto”.
Saragusti también apuntó a los presuntos vínculos entre la comisaría y el municipio de Valeria. Según describió, el 15 de septiembre de 2017, el ex comisario compró en un comercio de Realicó cuatro cubiertas con dinero del FOMEP (Fondos Destinados al Mantenimiento de Móviles y Comisarias). Los neumáticos debían destinarse a la pickup de la dependencia, pero se colocaron en una Amarok similar del municipio.
El fiscal relató que la trama de corrupción alcanzaba al manejo de fondos por adicionales. En diciembre de 2017, el Cenma contrató agentes para la fiesta de egresados por un costo de 9.600 en efectivo. Guzzetta designó a los efectivos Julio Lucero, Rodolfo Becerra, Gastón Luna y Mónica Díaz y les abonó 1.100 pesos a cada uno. Los 5.200 pesos restantes habrían quedado en poder del jefe de la unidad.
La última de las acusaciones adquiere un sesgo cinematográfico. Entre el 13 y el 20 de febrero de 2018, un agente aseguró haber observado a Guzzetta trasladarse al patio de la propia comisaría y comenzar a quemar documentación que podría incriminarlo, como boletas de combustibles y facturas de compra.

En su declaración como imputado, Guzzetta negó “todo y cada una de las circunstancias de lugar, tiempo y modo que constituyen los hecho imputados”. El acusado advirtió en una entrevista a Póster Central que fue víctima de una interna policial. Su abogado, el doctor Luís Sánchez, fue más allá. Recordó que los fondos que ingresaban a la comisaría se anotaban en una  “libretita de almacenero”. La metodología no llamaba la atención, era el sistema ordinario que utilizaban las unidades policiales en los pueblos. “Nadie externo a quienes forman parte de la dependencia controla esos recursos. Ni una cooperativa, ni una fundación. Guzzetta no llevaba esas anotaciones, lo hacía otro agente con ese grado de informalidad. Si se empieza a revisar todo lo que sucede en los pueblos estamos ante una verdadera caja de pandora”, relató el abogado.

A Guzzeta lo complicaron, sobre todo, las declaraciones de las y los agentes que estaban a su cargo. El fiscal afirmó que “los testimonios y la prueba objetiva dan cuenta de conductas delictivas desplegadas por el imputado”. Saragusti resolvió llevarlo a juicio por “malversación de caudales públicos,  reiterado, y sustracción de caudales públicos, reiterado”. Además, lo acusó de destrucción de elementos de prueba.  Los cargos, que pusieron fin a la carrera policial del ex comisario, podrían llevarlo a una pena de prisión efectiva. El desenlace se conocerá en tres jornadas de juicio con jurados populares, que darán inicio el 19 de abril. Tal vez sea la oportunidad para conocer algo más que los hechos que conmovieron a Villa Valeria. La trama de castigos, represalias, roscas y manejo discrecional de recursos podría derivar en la descripción de un sistema que no empieza ni termina en Hugo Guzzetta.  Quizás haya lugar para destapar el tufo que se oculta en el interior de la prometida caja de pandora.