Asumir la responsabilidad o entronizar la impunidad – Por Marcos Curletto

Lic. Marcos Curletto
Vice Pdte Bloque de Concejales
Juntos Por Río Cuarto

Desde hace más de veinte días, los vecinos de Río Cuarto seguimos con asombro el escándalo que desencadenó en los medios de comunicación, la historia del joven de 19 años que “con gran elocuencia” supo burlar el gobierno provincial y el gobierno municipal de la segunda ciudad de Córdoba.

Amén de a quién, cuándo y qué denunciaron en la justicia el ministerio de salud de la provincia y el colegio de médicos el 22 de diciembre de 2020, lo cierto es que la noticia  salió a la luz a través de una entrevista que Telediario le hizo al concejal Carlos Ordoñez del Bloque Juntos por Río Cuarto. Ordoñez y otros miembros del bloque veníamos recabando información con respecto a Ignacio Martín sin imaginar los alcances y consecuencias que se iban a ir develando en los días posteriores y que aún parecen no tener fin.

Ahora bien, los sucesos se hicieron públicos el 26 de enero pasado y desde entonces las declaraciones de las autoridades provinciales y municipales con respecto a la presencia de Ignacio Martín en los equipos de salud de ambas administraciones, son a priori insuficientes. Hay en líneas generales, desde el oficialismo un estado de silencio que aturde.

Todo hace pensar que la estrategia es responsabilizar al joven por todas las consecuencias que pudiera haber generado su accionar como “médico” sin serlo. Esta presunción se desprende del contenido y formas de la denuncia original, las precarias y contradictorias declaraciones públicas de las autoridades provinciales y municipales, la presentación del gobierno local como querellante sin reparar en su propio accionar, etc.

Claro está que Martín tendrá que responder ante la justicia por sus actos, pero me atrevo a pensar que los lectores/vecinos coinciden conmigo en que lo más grave no es que un chico recién salido del nivel medio tenga fuertes rasgos de estafador y mitómano. Lo grave aquí es que nadie nos pueda responder hasta el día de la fecha quién lo puso al frente de los  equipos salud con mayor responsabilidad sanitaria y poder concentrado que recuerde la historia de la provincia y la ciudad.

Hubo una persona o varias que dieron lugar a semejante barbaridad.  Sobre esas responsabilidades no interpeladas es que fundamentamos la ampliación de la denuncia que ya existía en la fiscalía. Así fue que el día 8 de febrero firmamos y presentamos dicha ampliación en los tribunales locales. Alguno podrá argumentar erróneamente que hay en esta acción cierto grado de oportunismo político, pero nos moviliza la profunda convicción de que ni la oposición política local, ni la ciudadanía de Río Cuarto pueden darse el lujo de mirar al costado o deslindar todas las responsabilidades en Martín. Si lo hiciéramos refrendaríamos el prejuicio muchas veces fundado de que la política es una corporación en la que todos sus miembros se cubren entre sí sin importar partido, principios o conductas. Terminaríamos en definitiva por enterrar toda aspiración de representación democrática plural y daríamos un paso más hacia la petrificación de cierto estado de impunidad constante al que parecen acceder los funcionarios políticos cualquiera sea su origen.

Martín integró los equipos sanitarios de élite de la provincia, fue capacitador, representó al COE ante la prensa, seguramente opinó y decidió sobre restricciones o medidas que implican para muchas personas la cesión de libertades individuales, sacrificios económicos, emocionales y sociales. También viso  más de 100 licencias de conducir en nuestra ciudad, cubrió guardias médicas, diagnosticó y suturó pacientes, ejecutó medidas de reanimación, prescribió recetas, tuvo acceso a medicamentos y móviles de salud afectados a distintas áreas de salud. En síntesis no fue uno más. Varias imágenes periodísticas lo demuestran, no es un invento de quien suscribe.

Hay un perjuicio económico sobre el que hay que indagar, porque además este joven cobró dinero de las arcas públicas que aportamos todos los contribuyentes. Pero fundamentalmente hay un daño enorme para la salud pública que en algunos casos es irrecuperable. Puntualmente se conocen dos fallecimientos de personas en los que habría estado involucrado Martín, y sobre los  que deberá investigar la justicia la responsabilidad que le cabe.

¿ Qué hubiese pasado si en lugar de un médico trucho que prestó servicio en el sistema de salud público, estuviéramos hablando de uno que lo hizo en el ámbito privado? Me atrevo a decir que seguramente el responsable de recursos humanos del centro médico o el director de la clínica ya hubieran renunciado o al menos estarían desfilando por cuanto medio de comunicación  se los permitiera para dar las explicaciones del caso y así intentar salvar el prestigio de la institución mancillada. Pues bien, nada de eso parece regir como lógica en las administraciones públicas provincial y municipal, con el agravante de que es el estado el que regula el funcionamiento de los sistemas de salud privado y no al revés. A priori un privado puede ser sancionado, auditado y de llegar el caso hasta ser clausurado. Pero ¿cómo se hace para clausurar la salud pública que atiende a miles de vecinos sin otra posibilidad de acceso que la que brinda el estado?

Llevamos dos semanas en las que pedimos un informe al fiscal municipal sobre el estado de la causa, un informe basado en la ley y ordenanza de acceso a la información pública con respecto a las actuaciones administrativas del municipio vinculadas a Martín, y también solicitamos una reunión en carácter de urgencia con el Secretario de Salud, Dr Marcelo Ferrario. Hasta ahora seguimos sin respuesta. Quizá en las próximas horas tengamos novedades, ojalá así sea. Mientras tanto la sensación es que cuanto más se demoran las respuestas, más daño se infligen a sí mismos los  gobiernos municipal y provincial.

Estamos ante uno de los hechos más graves en la historia institucional de Río Cuarto, no sólo por el hecho en sí y los daños a la salud que la presencia de Martín puedan haber causado en miles de vecinos de la ciudad, sino porque además sucede en un contexto extraordinario de pandemia en el que todos confiamos nuestras vidas en la estructura estatal para que nos cuidara. Esa confianza hoy está puesta en jaque, recuperarla depende de la actitud y las decisiones que en los próximos días tomen quienes nos gobiernan. Deberán decidir si le ofrecen a la ciudadanía el camino de la responsabilidad política en la que los errores se asumen y pagan. O si por el contrario persisten en entronizar la impunidad de cubrirse (cueste lo que cueste) entre los miembros del “mismo equipo”.