Cámaras de mercados y almacenes señalaron que el tope de precios “pone en riesgo el abastecimiento” de productos

Entidades representativas de más de 150.000 comercios de consumo masivo
de todo el país, que generan más de 500.000 empleos formales, emitieron un comunicado conjunto para advertir “sobre la difícil situación que están enfrentando, con riesgo de cierres masivos y perdida de miles de fuentes de trabajo”.
El objetivo de las organizaciones empresarias es “abastecer debidamente a los consumidores, pero ven cada vez más difícil cumplir con esa misión, que, en situaciones como la actual, configuran la característica de un servicio esencial para la comunidad”.
“Los comercios se ven imposibilitados de recibir mercadería con aumentos de precios no autorizados, dado que continua vigente la Resolución 100/20 de la Secretaría de Comercio Interior que exige retrotraer los precios al
6 de Marzo (con aumentos autorizados para algunos productos por la
Disposición 13/20)”, indicaron.
Desde las entidades de almacenes, mercados y super señalaron que “el incumplimiento de estas disposiciones los hace pasibles de sanciones de multa y/o clausura, ante posibles inspecciones”.
“Esta situación está generando innumerables problemas que, en muchos casos derivan en la falta de productos en las góndolas, al no convalidar los incrementos de precios no autorizados, o por la entrega cuotificada de los proveedores. A esto se suman las complicaciones que se presentan en todo el país en materia de logística por la pandemia de Covid 19 y el actual aislamiento obligatorio”, indicaron.
La red comercial compuesta por supermercados, autoservicios, almacenes y
mayoristas, “viene denunciando esta situación a las autoridades nacionales, ante la constante presión que reciben para aumentar sus precios al público,
tales como cambios en las condiciones comerciales, quita de bonificaciones y descuentos, sobrecostos y costos ocultos en logística como, fletes, etc”.
“Por todo lo expuesto anteriormente, las entidades solicitan con carácter perentorio que se establezca un canal de comunicación efectiva, (una mesa de diálogo, Gobierno–proveedores-mayoritas-supermercados-autoservicios-almacenes, etc.), para analizar estos y otros temas de similar importancia que aquejan al comercio de productos de consumo masivo y ponen en serio riesgo la continuidad de sus empresas y los empleos de miles de argentinos”, señalaron.