La mano del Estado

Por Pablo Callejón

A veces llega tarde y a veces, mal. Pero es y será el Estado la única mano por tomar en tiempos en pandemia. El desguace de algunas de sus áreas vitales para enfrentar al Coronavirus obligó a refinanciar centros científicos, concluir hospitales y colocar el respirador artificial a un tejido social que había quedado excluido de los andares en bicicletas financieras. El mercado selecciona con la promesa de llegar alguna vez a todos. El Estado, en cambio, somos todos. La capacidad de quienes lo gobiernan podrá hacer más eficiente la posibilidad de darnos una mano o alejarnos el brazo, hasta dejarnos caer.
El aislamiento social puso en evidencia las profundas desigualdades y las ausencias del Estado cuando queda en manos de gerentes. Aparecieron millones de argentinos inmersos en el mercado negro que debieron ser incorporados de urgencia en la maquinaria administrativa del ANSES. Los sobrevivientes del rebusque personal quedaron atrapados en las demoradas decisiones de Alejandro Vanoli, el economista con perfil técnico que se convirtió en la primera baja del gabinete de Alberto Fernández. Un mes antes de su despido, el ex titular de ANSES habilitó la propagación en todo el país de largas filas de jubilados y beneficiarios de planes sociales que esperaban ansiosos la apertura de las cajas. El sistema bancario los había ninguneado desde siempre. Es un esquema intocable y voraz que multiplicó las ganancias de los banqueros a costa de cualquier tipo de gobierno.

El vicepresidente del CECIS, Gustavo Sachetta, admitió a Póster Central que “no se le puede pedir más al Estado”. El dirigente mercantil valorizó el aporte de las arcas nacionales para pagar la mitad del salario de los empleados, disponer un freno a los desalojos de alquileres y promover créditos a tasas subsidiadas. Fue el presidente de la Sociedad Rural, David Tonello, quien acusó al Banco Central de “discriminador” por excluir de los préstamos al 24 por ciento a los productores que hayan guardado la soja o el trigo por un valor superior al 5 por ciento de su capacidad de cosecha anual.
El Estado es la puerta por golpear cuando el mercado se baja de la trinchera a la espera de tiempos mejores. La vida productiva del país y el mundo desbarrancó por las consecuencias de un virus sin vacuna y de rápida propagación. Se prevé que el PBI pueda caer un 7 por ciento en el año, una estimación solo comparable al 2001 y 2002, en la peor crisis de la historia argentina.
La dicotomía entre salvar la salud o la economía le arrebató los argumentos a los lobistas del mercado. Las naciones que demoraron en decretar la cuarentena no pudieron salvar los números del PBI, el desempleo ni los principales indicadores de la actividad. Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y Brasil cuentan por miles a sus muertos y se asfixian en números en rojo que anticipan una debacle generalizada.

En Río Cuarto, el municipio debió suspender el plan de gobierno con tinte electoral para enfrentar un alza inédita en la demanda social. Desde el 30 de marzo hasta la primera semana de mayo, los teléfonos de asistencia recibieron 13.960 llamados y del total, 8.369 fueron beneficiarios de una orden de mil pesos para compras en supermercados que se reactivan cada 21 días. El resto de los demandantes ya reciben otra prestación del Estado como el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentaria.
Los comedores barriales y comunitarios desafiaron el aislamiento social para ser un eslabón clave en la contención alimentaria. Se multiplicaron hasta convertirse en 36 puestos de entrega de viandas en los sectores más vulnerables.
Durante el año, una abrumadora mayoría de pedidos de bolsones y programas asistenciales surge de mujeres que deben administrar la economía del hogar. En tiempos de pandemia, el 42 por ciento de quienes golpearon las puertas del Estado municipal fueron hombres. La ayuda se repartió en un 60 por ciento en Alberdi, un 25 por ciento en el Centro y un 15 por ciento en Banda Norte.
El dato que alertó sobre la magnitud del conflicto social por la abrupta parálisis de la actividad económica fue el pedido de los que nunca antes habían recurrido a la asistencia directa del municipio. Un 52 por ciento de quienes recibieron ayuda, no aparecían en ningún registro oficial de Promoción Social. Una vez más, la única mano por alcanzar fue la del Estado.

En la Provincia, el Gobierno incrementó en dos mil pesos los aportes de la tarjeta social a 300 mil beneficiarios y se sumó a la decisión de la Nación de suspender cortes en el servicio esencial de la energía. Además, triplicó la inversión en Salud hasta alcanzar los 3.500 millones de pesos para la compra de insumos y equipamiento. Los mayores cuestionamientos a la política social apuntaron a la baja abrupta de planes laborales en medio de la pandemia y la persistencia de una crisis del transporte que nos deja sin el vital servicio de colectivos.
En Córdoba, como en la mayoría de las provincias del país, la clave fue resguardarse en las políticas nacionales y los fondos que se descentralizaron en plena cuarentena. La Nación generó el Ingreso Familiar de Emergencia por 10 mil pesos, que ya no se reducirá a un monto único extraordinario para 8 millones de personas. Además, se inyectaron recursos a jubilaciones para evitar que pierdan ante la inflación, subieron los aportes de la AUH y habrá un bono especial de 1.600 pesos para beneficiarios del PAMI que reciben los bolsones alimentarios.
Para aliviar la crisis del sector privado, el Estado resolvió pagar el 50 por ciento del salario neto de los trabajadores que estén en relación de dependencia. La cobertura alcanzó a pequeñas y medianas empresas y corporaciones en manos de multimillonarios como Clarín y Techint. El plan de asistencia sumó créditos a tasas del 24 por ciento para pymes y del 0 por ciento para monotributistas que cumplen con los requisitos de la AFIP. El programa incluyó el desembolso de 350 mil millones de pesos “para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos”.
Entre las medidas de alto impacto social aparecen el congelamiento de tarifas, la suspensión de cortes de servicios esenciales, la interrupción del cierre de cuentas bancarias y la eximición del pago de contribuciones patronales. También se dispuso el congelamiento de alquileres y el freno a los desalojos.
El ambicioso plan de cobertura obligó a destinar en el primer mes de cuarentena el equivalente al 3 por ciento del PBI.

A pesar de la persistencia de factores agobiantes para el bolsillo de los argentinos, como la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, los niveles de aprobación del gobierno nacional y los gobernadores es altísima. Los oráculos del libre mercado que pidieron evitar la cuarentena, al estilo de Paolo Rocca y sus socios en el norte de Italia antes de que se desatara una ola inconmensurable de contagios, parecen tener más intensidad que influencia. Se presentan en los medios de comunicación y en las redes sociales como instigadores de un plan de barricada que renuevan todos los días, sin más efectividad que una réplica de Twitter.

En el 2008, los Estados salvaron a los bancos y pagaron millonarias indemnizaciones de gerentes que la hicieron redonda, con la esperanza de un nuevo capitalismo por nacer. Nada de eso ocurrió. Los melones parecieron acomodarse rápidamente en el carro y aunque es difícil predecir al mundo que nacerá tras la pandemia, la historia nos advierte que el rico solo espera volver a sus riquezas.
Y cada vez que nos igualan las derrotas, es el Estado el que nos abre la puerta mientras el mercado se esconde debajo de la cama. Es posible suponer que nadie espera un modelo diferente al que dispondrá el Capital cuanto todo esto pase. Pero sería bueno no olvidar de cuál de los dos bandos pudimos tomarnos de la mano.