Biocombustibles: la levedad del mercado y la insoportable necesidad del Estado

Por Mónica Castro*
*Politóloga, Mgter en Desarrollo y Gestión Territorial, Doctoranda en la UNRC.

Hace más de veinte años en Argentina, como en diversas partes del mundo, desde diferentes ámbitos de la economía, la política y la sociedad, la necesidad de disminuir la utilización de combustibles de origen fósil comienza a ganar terreno en la agenda de gobierno, en tanto que los protocolos y acuerdos internacionales, con el objetivo de disminución de gases de efecto invernadero abonaron los discursos sobre el uso de energías verdes.

Con el exponencial crecimiento de la producción de soja y maíz que ha experimentado el suelo argentino, desde fines de los años noventa a la actualidad, y un aumento en la demanda internacional –fundamentalmente europea- de biodiesel, el nicho de mercado se hizo cada vez más nítido para el agronegocio argentino, y la soja comenzó a diversificar sus formas de presentación, antes de embarcarse a su inevitable destino de exportación. Al poroto, aceite, harina y pellet, se agrega el biodiesel al gran paquete sojero, llegando a constituir para 2018 casi el 25% del total de las exportaciones en nuestro país, del cual el biodiésel representó un 6,5% de ese porcentaje.

Lo insoportable al mercado sucede en abril del año 2006: se sanciona la Ley 26.093, que establece un Régimen de Promoción para la Producción y Usos Sustentables de Biocombustibles, estableciendo un conjunto de exenciones fiscales para promover la producción de bioenergías, entendiendo a las mismas, como biodiesel, bioetanol y biogás y estableciendo un corte de mezcla de carácter obligatorio para cuatro años después de sancionado dicho régimen. Poco más tarde, en el 2007, la Ley 26.334, se agrega a los incentivos para que las cadenas productivas de la caña y el maíz, se sumen a la producción de biocombustibles.

El mercado del biodiesel crecía a ritmo creciente desde el año 2008, de la mano de las grandes corporaciones del agronegocio sojero, dinamizado por el comercio ultramarino.  La Ley 26.093 promueve el ingreso de capitales de menor porte al mercado, ya que el Estado asegura un destino al mercado interno a éstos, estableciendo la obligación a las petroleras de mezclar un porcentaje de biodiesel al gasoil, y de bioetanol a las naftas, que en la actualidad llega al 10% y 12% respectivamente.

Más al interior de la zona portuaria, los ingenios azucareros de Tucumán ya mucho antes de la producción del biodiesel, habían dado muestras de su capacidad para generar eslabones productivos destinados a la bioenergía, con el Programa Alconafta, a fines de los setenta, por medio del cual se dan las primeras experiencias de producción de bioetanol en Argentina.

Con esta ley, no sólo se promueve la producción de biocombustibles, sino que se asegura un destino, y un precio, obligando al sector petrolero a “hacer un lugar” a los productores y empresas agropecuarias en el mercado energético. Así, los productores de maíz del corazón del país, quienes afrontan muy altos costos de traslado del grano al puerto, avizoran ventajas en la inversión en la licuefacción del grano, desde el cual también se advierte una cadena de subproductos de gran valor.

Actores económicos de asimétrico peso, juegan en un escenario, el de biocombustible, con pisos a estrenar, pero con lógicas de antaño. Y, mal que pese, el Estado dirige la obra. Fija una fórmula de obtención de precio, asegura un volumen de compra, y promueve, al menos en su argumentación normativa, procesos de densificación de las tramas productivas regionales. Así, en la Provincia de Córdoba, tres plantas de producción de bioetanol, cristalizan la esperanza de mayores oportunidades de empleo para Villa María, Alejandro Roca y Río Cuarto, estigmatizada esta última por permanecer desde hace ya muchos años, en el ranking de las ciudades con mayor índice de informalidad laboral.

La producción de bioetanol en la Provincia de Córdoba, a la que el estado nacional ayudó a parir, otorgando aquellos créditos que hacían honor a nuestros doscientos años de independencia, comienza a tener registros desde el año 2012, cuatro años después que el de bioetanol a base de caña y, en sólo dos años, supera sostenidamente en volumen a ésta última, en el marco de disputas entre sectores, ya que el bioetanol de caña corría con ventaja, a partir del esquema fijado en la fórmula de obtención de precios.

Un conjunto de disposiciones normativas, emanadas del Poder Ejecutivo Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri fueron socavando las posibilidades del sector para disputar un lugar en el mercado energético doméstico: al congelamiento de los precios -que debían pagar las petroleras- se sumó el aumento de la divisa, y con ella, los costos de producción. Los aumentos sistemáticos en los surtidores que se sintieron con fuerza en el bolsillo de los argentinos durante los cuatro años de gestión de la Alianza Cambiemos, no se trasladaron al precio obtenido por las empresas productoras de biocombustibles, tal como reclamaban.

A pocos años de finalizar la vigencia del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles, inmersos en una crisis profundizada y generalizada por los efectos del Covid-19,  aquel horizonte que proyectaba un reemplazo del color en nuestros combustibles, parece desdibujarse si no asoman políticas que hagan torcer ese destino. La tensión que plantea Kundera entre la levedad y lo insoportable quizá tenga alguna posibilidad de ser revertida. Quizá pueda entender el capital nacional de una vez que el Estado puede ser su amigo, y el del pueblo también.