Los bolsillos tendrán que esperar

Javier E. Vicens para Póster Central
Economista, conductor de la Economía Despierta

“La coyuntura económica actual impide recomponer  el poder adquisitivo perdido en la etapa macrista. El bolsillo de la gente va a tener que esperar. Esto ocurre porque la situación fiscal es compleja. La cuenta de intereses a pagar por el endeudamiento limita las posibilidades de meter mano al gasto público. A su vez, el virtual default de la deuda cerró el financiamiento y opera como una restricción adicional. El único recurso que le queda al gobierno es la emisión monetaria…”

En la democracia argentina cada gobierno tuvo su frase ícono de campaña. “Con la democracia se come, se cura y se educa” decía Raúl Alfonsín en el ´83. Quienes tengan más de 40 años de edad recordaran que Carlos Menen llamaba a los argentinos a poner en marcha la “revolución productiva”. Eduardo Duhalde -que no hizo campaña por razones conocidas- en plena crisis de la salida de la convertibilidad, nos quería convencer de que “él que depósito pesos, recibirá pesos. Él que depositó dólares, recibirá dólares”.  Incluso el gobierno de Cristina Kirchner tiene la suya. La actual Vicepresidenta de la Nación prometió, en su segundo mandato como presidenta, que venía la etapa de la “sintonía fina”. Eso ocurrió cuando su modelo económico comenzó a mostrar limitaciones. Sin duda, el gobierno más prolifero en la construcción de frases fue el de Mauricio Macri. Basta recordar la “lluvia de inversiones”, el “segundo semestre” o los “Brotes verdes” para finalizar diciendo que “pasaron cosas”.

Todas estas frases, con el correr del tiempo, terminaron siendo expresiones de deseo. Los desilusionados podrán creer que se trata de promesas incumplidas. Los más críticos pensarán que son parte de una estafa electoral. Pero si el análisis se profundiza y desapasiona, se puede razonar que los distintos gobiernos chocaron con las restricciones de la economía Argentina.

Alberto Fernández durante la campaña, insistía con la necesidad de “poner plata en el bolsillo de la gente”. Esta expresión del presidente parece también destinada a quedar en la historia: Cuando se analiza el paquete de medidas económicas plasmado en el proyecto de Ley  de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se puede entrever que eso no sucederá. Al menos en gran parte de su mandato.

La coyuntura económica actual impide recomponer  el poder adquisitivo perdido en la etapa macrista. El bolsillo de la gente va a tener que esperar. Esto ocurre porque la situación fiscal es compleja. La cuenta de intereses a pagar por el endeudamiento limita las posibilidades de meter mano al gasto público. A su vez, el virtual default de la deuda cerró el financiamiento y opera como una restricción adicional. El único recurso que le queda al gobierno es la emisión monetaria.

Matías Kulfas, actual Ministro de Desarrollo Productivo,  escribió en la revista Anfibia un artículo titulado: “La Economía Después de la Grieta”. En esa publicación, el integrante del gabinete económico asegura que: “no es posible apostar a una recuperación generalizada a partir de un shock de consumo estimulado mediante aumentos del gasto público o la recomposición del salario real, de manera exclusiva “. Esta idea basta, para entender los primeros pasos del gobierno y cual será la lógica del modelo. Lógica que implica un cambio de paradigma, respecto al acostumbrado modelo de expansión de nuestro keynesianismo criollo que no conoce limites. No estamos ante un regreso al kirchnerismo del período 2011 – 2015.

El aumento del consumo y el gasto público ejercerían presión sobre el dólar por la vía del aumento de las importaciones. Se estima que por cada punto de crecimiento del PBI crecen 3 puntos las compras al extranjero.

A estos problemas estructurales debemos adicionarle el carácter bi monetario de nuestros sistema económico. Sea por la razón que sea: cultural, institucional, sociológica y hasta pasional; los argentinos y argentinas piensamos en dolares.

El mencionado artículo es anterior al desarrollo de la campaña presidencial. En el Kulfas se pregunta ¿cómo recuperar el crecimiento en un contexto de restricción externa?. Es decir, de falta de dolares.

La economía argentina entró en el 2011 en su clásico cuello de botella: los dólares generados de manera genuina por la exportación son insuficientes para sostener la demanda del mercado interno. Cambiemos, producto de su sesgo ideológico,  agravó este problema con su modelo de apertura, desregulación, dolarización y endeudamiento feroz. Esto ocurrió por el clásico error de diagnóstico de la ortodoxia. Para la saliente administración, el principal problema de nuestro sistema económico son los recurrentes déficit fiscales. El uso de la “maquinita” y la inflación que ocasiona.

Con plena conciencia de la gravedad de la situación económica y social, los Ministros responsables del área económica , diseñaron un plan para equilibrar la macroeconomía. La primera condición para crecer es alcanzar, de forma gradual, el equilibrio fiscal y del sector externo. Los famosos superávit gemelos, que tuvo el gobierno de Nestor Kirchner,  con Lavagna a cargo del Ministerio de Economía.

Es a partir de esta premisa, que se debe entender lo que hasta el momento se conoce del programa Guzman – Kulfas. La primera etapa del programa económico del gobierno se configura como un plan de ajuste. Eso es en definitiva la Ley de Solidaridad. Pero no se trata del ajuste clásico de la ortodoxia, con sus conocidos desajustes económicos que deterioran la calidad de vida de vastos sectores sociales.  Es un ajuste sin perder de vista la crisis social que dejo el macrismo.

El programa Guzman – Kulfas es un ajuste heterodoxo que cambia de forma radical el rol del Estado en su relación con los mercados. Ya no es un objetivo de máxima disminuir el déficit fiscal para bajar la inflación. El principal interés es salir de la restricción externa en la que se encuentra la economía. Para ello el gobierno busca tomar el control de las principales variables económicas con la intensión de salir del desequilibrio macroeconómico de los últimos 8 años. El gobierno intentará rescatar del descontrol de los mercados variables como el salario, el dólar, las tarifas y la tasa de interés. La apuesta es grande y arriesgada.

Es por esto que existe alguna dosis de pragmatismo para seducir a los acreedores privados, al FMI y a los inversores en Vaca Muerta. Esto es así, en primer lugar, debido a la imperiosa necesidad de renegociar la pesada deuda en dolares heredada de Cambiemos. En segundo lugar, Vaca Muerta es el santuario en el que van a rezar todos los presidentes para pedir por los dolares del futuro.  La fe depositada en el yacimientos no conoce de criticas al modelo ambiental ni fronteras ideológicas.

La dosis de ortodoxia quedó en evidencia cuando Martín Guzman aseguró sin más argumentos, que es imposible recurrir a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Cuando muestra voluntad de pago al solicitar la autorización del Congreso para cancelar deuda usando reservas del Banco Central . Cuando reduce las retenciones a las petroleras.  Incluso la polémica suspensión de la movilidad jubilatoria puede interpretarse como un guiño al Fondo Monetario.  Es sabido que el ajuste en la seguridad social es un fetiche para los técnicos del FMI.

El plan contiene cuatro ejes. El primero es el que tiene que ver con la Seguridad Social. En este punto se busca contener el gasto y el déficit fiscal. El pago de jubilaciones, pensiones y Asignaciones por Hijo representan cerca del 60% de las erogaciones del Estado Nacional. Al suspender la actualización por 180 días y dejar librado los aumentos de los haberes a la decisión del presidente, se quita presión sobre las cuentas publicas.

El segundo eje, incluye una serie de modificaciones al sistema tributario con la doble finalidad de hacer caja y desdolarizar de forma forzosa la economía. Se modifica la alícuota del impuesto a los bienes personales, llevándola a los valores anteriores a la reforma tributaria regresiva de Cambiemos. A su vez, se penaliza la tenencia de activos en el exterior y se premia con una reducción del impuesto a quienes hagan una la repatriación de su capital.

También para aumentar la caja, se suben las retenciones a la exportación de materias primas. El aumento es moderado y tiene en cuenta la devaluación ocurrida en los últimos meses. Devaluación que incrementó la ganancia del sector exportador al existir retenciones de suma fija. El delirio macrista del tope de $4  por dólar exportado.  

El otro objetivo de la actualización de las retenciones es el de bajar el precio de los alimentos. No hay que perder de vista que nuestro país exporta lo que se come. Las retenciones sirven para desenganchar el precio local de los bienes de la canasta alimentaria del precio internacional. En la práctica esto también significa una transferencia de recursos desde el sector exportador de materias primas al mercado interno. Productos como la harina, el trigo y el maíz son bienes – salarios. Con esta medida se contiene en parte el apetito de las paritarias.

En cuanto a las retenciones, se debe solucionar con urgencia el tratamiento que se hace de los pequeños productores. Las retenciones son un impuesto bruto, que no discrimina por rinde, cantidad de hectáreas, distancia del puerto ni costos de producción. Su aplicación sin atenuantes, puede agravar la concentración de la tierra y las prácticas ambientales perniciosas.

Entre el paquete tributario, se destaca la eliminación del impuesto a la renta financiera para las inversiones en pesos. Esta decisión propugna generar incentivos a la inversión en moneda local, en momentos que no se puede recurrir al dólar por el cepo cambiario. La intención es tentar a los que tienen capacidad de ahorro ,ante la inevitable profundización de la licuación de los activos. Esta licuación ocurrirá por la alta inflación y la baja en la tasa de interés decidida por el gobierno. 

Una medida antipática para las clases medias y las alta, es el llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Este tributo PAIS es “vendido” como el esfuerzo que deben hacer los que pueden ahorrar o viajar al extranjero, para aliviar la situación de los mas necesitados. Se trata de un recargo del 30% para la compra de dolares con destino al ahorro o para los gastos fuera del país. Esta medida en la práctica, sirve para configurar un sistema de tipo de cambio múltiple, que cuide los dolares que genera el comercio exterior. Aún con el cepo instrumentado por Macri,  el turismo en el extranjero se llevará en 2019 casi la mitad del superávit comercial. 

La recaudación de estos estos tributos tendrá como destino los programas de contención social en la emergencia. 

En lo que respecta a otra variable clave de la economía, el plan congela por 180 días el costo de la energía. A su vez,  se propone discutir un nuevo cuadro tarifario que aliente la generación sin perjudicar a los sectores de la producción, el comercio y los servicios . La nueva escala deberá contemplar valores que los hogares puedan pagar. Esto implica un delgado equilibrio que tendrá que hacer el gobierno. Equilibrio entre los intereses de las mayorías y la amenaza de desinversión de las empresas oligopólicas del petroleo, el gas y la electricidad.

El último punto del programa es el que tiene que ver con la deuda. Se dota al ejecutivo de poderes especiales (el tratamiento del crédito público es una atribución del Congreso de la Nación) para iniciar la renegociación con los acreedores. Mientras la negociación se desarrolle, se mostrará voluntad de acordar pagando vencimientos con el uso de las reservas del Banco Central.

El resultado de la negociación será fundamental para instrumentar un plan de reformas de largo plazo.  Es en esta dimensión del tiempo, donde se verán los resultados del esfuerzo actual y donde están los mayores desafíos.

En el largo plazo, se hace indispensable pensar en un modelo de desarrollo exportador , que genere los dolares para despejar del horizonte la restricción externa de forma definitiva. Este desarrollo exportador , deberá conciliarse con un mercado interno fuerte. Sobre este punto no hay definiciones. Solo algunas pistas se pueden entrever en declaraciones del Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. El funcionario destaca la potencialidad exportadora del sector minero y de Vaca Muerta.

Si no se piensa en el largo plazo con un salto exportador con inclusión social, se estará una vez más en las puertas del fracaso.

Puntos flacos y riesgos

 Sin duda la medida mas controversial de este plan de ajuste, es la suspensión de la movilidad jubilatoria. 2020 sería el único año, en que la fórmula de actualización de Cambiemos, iba a recomponer parte del poder adquisitivo perdido por las jubiladas y los jubilados. Los dos bonos de 5 mil pesos otorgados para la mínima son insuficientes. El proyecto hace solidarios en la crisis a pasivos que ganan apenas 19 mil pesos mensuales.

Otro punto cuestionable es que durante  180 días (tiempo que se toman para diseñar una nueva formula de actualización) los aumentos quedarán a discreción del presidente, generando incertidumbre.

La incertidumbre de ingresos es una regla de este plan de estabilización. El mismo carece de una política de ingresos clara , que marque un horizonte de actualización de salarios. Bajo ninguna perspectiva ideológica, se puede dejar de analizar el carácter dual del salario. Esto es: ingreso para las familias pero a la vez parte del costo de producción de las empresas. La incertidumbre no ayuda.

Es de esperar que esta situación se solucione con la conformación del Consejo Económico y Social. Ámbito que según Alberto Fernández, servirá para alcanzar acuerdos entre los sectores del capital, el trabajo y el Estado. Si eso no ocurre, la actual pugna distributiva puede agudizarse y resolverse donde siempre se resuelven los conflictos distributivos en Argentina. Primero en los precios con la aceleración de la inflación y luego en la calle.

Este riesgo inflacionario se ve potenciado, con la existencia de varios valores para el dólar. Si no existe capacidad de control del Estado sobre las empresas concentradas formadoras de precios,  éstas trasladarán a las góndolas el valor del dólar más alto.

 Todas estas manifestaciones del conflicto social se agigantan, cuando se establece una suerte de “solidaridad tributaria” en la que aún tienen privilegios los políticos, los jueces y los bancos. 

Solidaridad que no existe, ya que los impuestos son compulsivos y no voluntarios. Los tributos deben responder al principio de la capacidad contributiva y la justicia social. Los que más tienen son los que más deben aportar. Entre otras cosas porque son quienes más se benefician de la protección del Estado para asegurar el pleno ejercicio del derecho de propiedad privada.

Plantear esta ética de la contribución, en una sociedad que esta partida, resulta en extremo riesgosa. Como dice Alejandro Katz: hay una Argentina rica, inserta en el mercado mundial, que cree que una parte de la sociedad está colgada de su éxito. No existe solidaridad posible sin comunidad de destino.     

Todos estos condicionantes, obligan a preguntarse si  la sociedad argentina está dispuesta a tolerar este plan de ajuste. Si el gobierno será capaz de comunicar y hacer entender cual es el sentido del plan. Si el entramado PyME podrá afrontar una tasa moderada de crecimiento y los trabajadores un modesto aumento en sus salarios. Si el capital concentrado apoyará al gobierno o intentará debilitarlo para sacárselo de encima.

Por último, y no menos importante, el el rol del Peronismo en el gobierno:

 ¿Será capaz de llevar adelante este programa frente al riesgo de no ser comprendido y por ende perder las elecciones de medio termino?

Si algo de todo esto ocurriese, una vez más estaremos ante otra frase trunca de campaña. El “poner plata en el bolsillo” será recordado como una desilusión o una nueva estafa electoral.